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El Gobierno denunciará a funcionarios del Ministerio de Minería y de Comibol por "traición a la patria"
LA PAZ, 10 Abr. (Notimérica/EP) -
La mesa de diálogo propuesta por el Gobierno de Bolivia ha arrancado de manera oficial este jueves con la presencia del presidente del país, Evo Morales, quien encabeza las negociaciones con la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) para intentar llegar a un acuerdo sobre dos puntos --el 132 y el 151-- del proyecto de ley de Minería y Metalurgia que mantiene en conflicto desde hace más de una semana a las dos partes.
Morales ha iniciado el diálogo lamentando los últimos incidentes que el controvertido borrador ha suscitado entre las cooperativas, quienes iniciaron una serie de protestas y movilizaciones tras ver cómo el artículo 151 era suprimido del proyecto de ley. El Gobierno defendió la medida alegando que dicho punto posibilitaba que los recursos naturales cayeran en manos de las empresas privadas, situación que choca de manera frontal con lo estipulado en la Constitución boliviana.
La situación de crisis en el sector se ha saldado en los últimos días con fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que ocasionaron un centenar de heridos entre ambos bandos, así como la muerte de dos mineros, cuya autoría aún no ha sido esclarecida. El Gobierno ha llegado incluso a cesar al que fuera ministro de Minería, Mario Virreira, tras su gestión a la hora de elaborar el borrador.
El jefe del Estado ha reconocido que el Gobierno y las cooperativas mineras fueron engañadas por altos funcionarios del Ministerio de Minería, pues el proyecto de ley enumeraba una serie de artículos incompatibles con la Constitución, por lo que espera que durante el diálogo "imperen" razones sujetas a la Carta Magna y no a los "caprichos" de una "elite" que aspira a sus objetivos personales.
Morales además ha añadido que aquellos funcionarios del Ministerio de Minería y de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que "engañaron" al pueblo boliviano en la redacción del borrador, pues desde estos organismos se "firmó, avaló y permitió acuerdos inconstitucionales", por lo que serán "procesados por traición a la patria".
El mandatario boliviano ha excluido a las cooperativas de estas posibles sanciones y ha destacado que tienen garantizado su funcionamiento, siempre y cuando los contratos que tengan firmados con las empresas privadas estén sujetos a las normas, de acuerdo con la información del periódico boliviano 'La Razón'.
Por su parte, el dirigente de Fencomin, Alejandro Santos, ha asegurado antes de su ingreso a la sede de la Presidencia, lugar elegido para el diálogo, que las cooperativas siempre actuaron conforme a la Constitución, tras ser preguntado acerca de la posibilidad de ratificar el artículo 151, principal foco del conflicto, para evitar que se violen las leyes bolivianas.
Morales está secundado por el vicepresidente, Álvaro García Linera; el ministro del Interior, Carlos Romero; el de Minería, César Navarro; y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. En cuanto al Fencomin, la agrupación estará representada por sus principales ejecutivos y unos 30 dirigentes de las afiliadas.
PROYECTO DE LEY DE MINERÍA Y METALURGIA
La norma, aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".
Desde un principio, las cooperativas mineras han denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
Este cambio no gustó a la Fencomin, que anunció bloqueos en las principales vías que conectan las zonas mineras del país si finalmente el borrador era aprobado. Esta postura, sin embargo, no ha sido respaldada por el principal gremio de trabajadores de la mina, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cuyos representantes repudiaron las medidas de fuerza y denunciaron cualquier intento de poner en manos privadas los recursos del país.
INCOMPATIBILIDADES CON LA CONSTITUCIÓN
Los artículos del borrador que han generado el conflicto entre el Gobierno y los manifestantes son el 132, relacionado con los contratos sujetos a la aprobación legislativa; y el 151, referido a la posibilidad de que las cooperativas mineras se asocien con empresas privadas.
Este último punto ya fue eliminado por temor a que posibilitará la privatización de los recursos naturales del país, inviolables según la Carta Magna boliviana, pero sin un previo diálogo entre el Gobierno y las cooperativas, según han informado éstas.
La decisión unilateral del Gobierno desencadenó fuertes enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que hasta hace unos día mantenían bloqueadas algunas de las principales vías de comunicación del país.
SEMANA DE CONFLICTOS Y CHOQUES
Los fuertes choques propiciaron que, tras su aprobación, el Gobierno paralizara el borrador con el fin de intentar conseguir un consenso con las cooperativas, siempre y cuando el acuerdo estuviera sujeto a la Constitución.
Después de varios días de conflicto, el Gobierno se plegó finalmente a la petición de las cooperativas de llevar a cabo una mesa de negociación en el departamento de Oruro, una de las principales zonas de conflicto, región cuyo desarrollo económico se ha gestado a través de la explotación de los recursos mineros.
A cambio, las cooperativas accedieron el pasado fin de semana a levantar los bloqueos que mantenían en las principales vías de acceso de cinco departamentos de todo el país.