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LA PAZ, 15 Abr. (Notimérica/EP) -
El secretario general de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras de Bolivia (Fencomin), Carlos Castro, señaló este lunes que existe un consenso entre el 50 y el 60 por ciento con el Gobierno en relación al artículo 151, por el cual los cooperativistas podían firmar con empresas privadas sin la supervisión estatal, del borrador de ley de Minería y Metalurgia.
Las dos partes del conflicto habían retomado este lunes las negociaciones después de que la semana pasada se hubieran alcanzado los primeros acuerdos. "Los puntos de acercamiento" de los que habla el ministro del Interior, Carlos Romero, aluden al artículo 132 del proyecto, el cual establece que los nuevos contratos mineros serán ratificados por la Asamblea Legislativa mediante "silencio administrativo" cuando su aprobación haya excedido los 90 días.
Romero explicó que las cooperativas mineras plantearon la posibilidad de que se pudieran aprobar contratos de asociación con empresas privadas "por excepción", pero contando con el visto bueno de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se encontró con la negativa del Gobierno, cuya posición ha sido tajante durante las negociaciones.
"El Gobierno Nacional ha ratificado su posición de que no se reconocen contratos con empresas privadas", remarcó el canciller boliviano, quien volvió a recordar que la única posibilidad de asociación es aquella suscrita entre los operadores y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), "dando lugar a la creación de empresas mixtas".
El ministro del Interior precisó que este martes volverían a reunirse en la sede del Ministerio de Minería, tal y como informó la agencia estatal de noticias ABI.
ACUERDOS PARCIALES
En relación al artículo 132, las cooperativas sellaron su adhesión a la propuesta del Gobierno que establece que la Asamblea Legislativa tendrá 90 días para aprobar "por silencio administrativo" los nuevos contratos mineros que se suscriban con el Estado a partir de la nueva ley de Minería.
En cuanto al artículo 62, las cooperativas pedirán que el plazo actual de dos años para la adecuación de los contratos de arrendamiento o de riesgo compartido suscritos entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con anterioridad a la ley, y otros agentes de carácter privado, se amplíe a diez.
EL ARTÍCULO 151
El pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley de Minería y Metalurgia, tanto en lo general como en lo concreto, cuyo objetivo es regular "estas actividades estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad".
Estaba previsto que el proyecto de ley se aprobara dos días antes, pero su tramitación se frenó en seco debido a la polémica suscitada en torno al artículo 151, según el cual las cooperativas podían contratar con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
Los cooperativistas pretendían que se mantuviera dicho precepto, ya que les otorga mayor libertad para gestionar sus actividades, sin embargo, desde el oficialismo se denunció como inconstitucional al entender que cedía parte de la gestión de los recursos naturales del país a la iniciativa privada.
El Gobierno de Morales reconoció "un error de interpretación del Gobierno" en la redacción de este artículo --por el cual destituyó al ministro del ramo, Mario Virreira-- y anunció una modificación para evitar "dar derechos que no corresponden a una cooperativa".
Así, los diputados aprobaron un borrador con una nueva redacción del 151 que establece que cualquier contrato en esta materia debe ajustarse a las disposiciones constitucionales, lo que significa que debe pasar el filtro del Parlamento.
DISTURBIOS
La situación de crisis en el sector se ha saldado en los últimos días con fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que ocasionaron un centenar de heridos, así como la muerte de dos mineros, cuya autoría aún no ha sido esclarecida.
Morales ha reconocido que el Gobierno y las cooperativas mineras fueron engañadas por altos funcionarios, pues el proyecto de ley enumeraba una serie de artículos incompatibles con la Constitución, por lo que ha confiado en que durante el diálogo "imperen" razones sujetas a la Carta Magna y no a los "caprichos" de una "elite".
Además, ha añadido que aquellos funcionarios del Ministerio de Minería y de la Comibol que "engañaron" al pueblo boliviano en la redacción del borrador, pues desde estos organismos se "firmó, avaló y permitió acuerdos inconstitucionales", serán "procesados por traición a la patria".