Publicado 09/04/2014 20:03

El Gobierno dice que solo el 10% de las cooperativas tiene contratos con empresas privadas

El ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, César Navarro.
ABI

LA PAZ, 9 Abr. (Notimérica/EP) -

El ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, César Navarro, ha informado este miércoles de que son solo unas 100 cooperativas mineras las que mantienen contratos con las empresas privadas, lo que equivale a menos del 10 por ciento de todas las que operan en el país, unas 1.642. "Una elite", ha dicho, que "en deterioro de la gran mayoría" ha firmado unos acuerdos que "benefician fundamentalmente a la inversión privada".

El recién investido ministro ha explicado que algunas de ellas mantenían acuerdos con empresas privadas desde 1992. Navarro ha subrayado el especial carácter lesivo que este tipo de pactos suponen para le economía y los recursos naturales del país, pues los beneficios de su explotación salen de Bolivia sin que los ciudadanos puedan beneficiarse de ellos.

El anuncio del Gobierno se ha producido después de que este martes, las autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia, junto con miembros de la Fiscalía allanara las instalaciones de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), con el fin de investigar los contratos suscritos entre cooperativas mineras y empresas privadas.

Navarro ha señalado que, después de la operación en la sede de la COMIBOL, se hallaron seis contratos que ponían en riesgo los recursos del país. Uno de ellos, ha detallado, estaba firmado por siete cooperativas de Potosí, en el sur del país, con la empresa Manquiri y en el cual Bolivia solo obtendría el 2,5 por ciento del valor neto de la venta de los minerales explotados.

El ministro ha subrayado que en 2012 esta empresa minera obtuvo un beneficio de 66 millones de dólares, de los cuales, solo 3,5 millones fueron a parar a las arcas de las cooperativas mineras. Una "limosna", ha calificado Navarro, quien también ha mostrado otros 35 contratos mixtos que se encontraron en la sede del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN).

En este caso, en dichos contratos, en los que las cooperativas firmaban de manera irregular como titulares de los yacimientos, las empresas privadas recibían la autoridad "incondicional" de explorar, explotar, fundir y comercializar los minerales, consiguiendo así beneficios en torno al 85 por ciento, tal y como ha asegurado la agencia de noticias ABI.

Navarro ha señalado que las labores no han finalizado y que en las próximas horas las autoridades también registrarán las oficinas y las sedes de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con el objetivo, ha recalcado, de investigar más contratos que pueden dañar al país.

PROYECTO DE LEY DE MINERÍA Y METALURGIA

La norma, aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".

Desde un principio, las cooperativas mineras han denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.

Este cambio no gustó a la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), que anunció bloqueos en las principales vías que conectan las zonas mineras del país si finalmente el borrador era aprobado. Esta postura, sin embargo, no ha sido respaldada por el principal gremio de trabajadores de la mina, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cuyos representantes repudiaron las medidas de fuerza y denunciaron cualquier intento de poner en manos privadas los recursos del país.

INCOMPATIBILIDADES CON LA CONSTITUCIÓN

Los artículos del borrador que han generado el conflicto entre el Gobierno y los manifestantes son el 132, relacionado con los contratos sujetos a la aprobación legislativa; y el 151, referido a la posibilidad de que las cooperativas mineras se asocien con empresas privadas.

Este último punto ya fue eliminado por temor a que posibilitará la privatización de los recursos naturales del país, inviolables según la Carta Magna boliviana, pero sin un previo diálogo entre el Gobierno y las cooperativas, según han informado éstas.

La decisión unilateral del Gobierno desencadenó fuertes enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que hasta hace unos día mantenían bloqueadas algunas de las principales vías de comunicación del país.

SEMANA DE CONFLICTOS Y CHOQUES

Los fuertes choques propiciaron que, tras su aprobación, el Gobierno paralizara el borrador con el fin de intentar conseguir un consenso con las cooperativas, siempre y cuando el acuerdo estuviera sujeto a la Constitución.

Después de varios días de conflicto, el Gobierno se plegó finalmente a la petición de las cooperativas de llevar a cabo una mesa de negociación en el departamento de Oruro, una de las principales zonas de conflicto, región cuyo desarrollo económico se ha gestado a través de la explotación de los recursos mineros.

A cambio, las cooperativas accedieron el pasado fin de semana a levantar los bloqueos que mantenían en las principales vías de acceso de cinco departamentos de todo el país.