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LA PAZ, 14 Abr. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Bolivia y las cooperativas mineras retomarán este lunes de nuevo las negociaciones para llegar a un acuerdo en la elaboración de la reforma de la ley de Minería y Metalurgia, cuyo artículo 151, por el cual los cooperativistas podían firmar con empresas privadas sin la supervisión estatal, sigue siendo el principal foco de conflicto entre ambas partes.
Las cooperativas reclaman la posibilidad de negociar y contratar con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos pasen por la Asamblea Legislativa, situación que violaría la Constitución, tal y como ha advertido el Gobierno, quien cesó al anterior ministro de Minería por haber permitido que dicha cláusula apareciera en el borrador de la norma.
El actual titular del Ministerio de Minería, César Navarro, ha informado este lunes que aunque ya existen "avances positivos" en relación a algunas de las materias a tratar, la mesa de diálogo se retomará hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.
"Hemos avanzado de modo sustancial en algunos puntos, pero sigue habiendo un clima de múltiple predisposición al diálogo", ha destacado Navarro, quien también ha comunicado que los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), accedieron a participar en las auditorias de los contratos que algunas de ellas firmaron con las empresas privadas.
Navarro ha explicado que esta medida busca acceder a un "informe concluyente" que defina el número de cooperativas mineras que sellaron contratos con capital privado y el tipo de áreas que se vieron implicadas, para estipular la legalidad de dichos acuerdos.
Por su parte, los portavoces del Fencomin han insistido en que el punto que sigue manteniendo a ambas partes en conflicto es el relacionado con el artículo 151 del borrador, única materia que todavía no ha conseguido el "consenso" necesario para dar por satisfactorias las reuniones.
El secretario de Minería de la Fencomin, Hernán Montero,, ha explicado, de acuerdo con la información del periódico boliviano 'La Razón', que las cooperativas defienden la posibilidad de acudir a las empresas privadas porque "el Estado no tiene la capacidad de financiar todas las actividades mineras".
"El Gobierno busca que el sector cooperativo no suscriba contratos de asociación con las empresas privadas y que lo hagamos con el Estado, pero éste no tiene la capacidad de financiar todas las actividades mineras", ha argumentado Montero.
ACUERDOS PARCIALES
Montero ha hecho referencia también al resto de puntos que se han abordado durante las anteriores reuniones, en las cuales se ha llegado a un acuerdo en relación al artículo 132. Sobre esta cuestión, las cooperativas ha ratificado su adhesión a la propuesta del Gobierno que establece que la Asamblea Legislativa tendrá 90 días para aprobar los nuevos contratos mineros que se suscribirán a partir de la nueva ley del sector con el Estado.
Sin embargo, en cuanto al artículo 62, las cooperativas pedirán que el plazo actual de dos años para la adecuación de los contratos de arrendamiento o de riesgo compartido suscritos entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con anterioridad a la ley, y otros agentes de carácter privado, se amplíe a diez.
EL ARTÍCULO 151
El pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el proyecto de ley de Minería y Metalurgia, tanto en lo general como en lo concreto, cuyo objetivo es regular "estas actividades estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad".
Estaba previsto que el proyecto de ley se aprobara dos días antes, pero su tramitación se frenó en seco debido a la polémica suscitada en torno al artículo 151, según el cual las cooperativas podían contratar con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
Los cooperativistas pretendían que se mantuviera dicho precepto, ya que les otorga mayor libertad para gestionar sus actividades, sin embargo, desde el oficialismo se denunció como inconstitucional al entender que cedía parte de la gestión de los recursos naturales del país a la iniciativa privada.
El Gobierno de Morales reconoció "un error de interpretación del Gobierno" en la redacción de este artículo --por el cual destituyó al ministro del ramo, Mario Virreira-- y anunció una modificación para evitar "dar derechos que no corresponden a una cooperativa".
Así, los diputados aprobaron un borrador con una nueva redacción del 151 que establece que cualquier contrato en esta materia debe ajustarse a las disposiciones constitucionales, lo que significa que debe pasar el filtro del Parlamento.
DISTURBIOS
La situación de crisis en el sector se ha saldado en los últimos días con fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, que ocasionaron un centenar de heridos, así como la muerte de dos mineros, cuya autoría aún no ha sido esclarecida.
Morales ha reconocido que el Gobierno y las cooperativas mineras fueron engañadas por altos funcionarios, pues el proyecto de ley enumeraba una serie de artículos incompatibles con la Constitución, por lo que ha confiado en que durante el diálogo "imperen" razones sujetas a la Carta Magna y no a los "caprichos" de una "elite".
Además, ha añadido que aquellos funcionarios del Ministerio de Minería y de la Comibol que "engañaron" al pueblo boliviano en la redacción del borrador, pues desde estos organismos se "firmó, avaló y permitió acuerdos inconstitucionales", serán "procesados por traición a la patria".