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LA PAZ, 8 Abr. (Notimérica/EP) -
El nuevo ministro de Minería de Bolivia, César Navarro, ha tomado posesión de su cargo este martes, después de que el anterior encargado de la Cartera, Mario Virreira, fuera destituido debido a su gestión en la redacción del proyecto de ley del sector que el Gobierno presentó y en el que existían fuertes contradicciones con la Constitución.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, le ha asignado al nuevo ministro de Minería cuatro tareas a cumplir de manera inmediata, con el fin de ir solucionando los problemas que el Gobierno está teniendo en el sector.
En ese sentido, el jefe del Estado ha conminado a Navarro a revisar las condiciones de los contratos de las cooperativas con las entidades privadas, a seguir formando más trabajadores del gremio, a modernizar la minería estatal y sus infraestructuras, así como a impulsar la industrialización del sector.
Morales ha señalado la necesidad de revisar esa serie de contratos que podrían haber puesto en riesgo la soberanía de los recursos naturales del país, y en caso de encontrar en ellos cláusula incompatibles con la Constitución, identificar a los responsables de dichas negligencias y presentarles ante la Justicia.
El mandatario boliviano ha admitido que el sector sigue arrastrando cierto retraso en el sector por lo que ha resaltado la "importancia" de la industrialización de la cuencas mineras en Bolivia, a fin de garantizar los recursos naturales por el bien de la economía local.
Por último, Morales ha pedido disculpas por los "intereses ocultos" que existieron durante la administración del anterior gabinete del Ministerio de Minería, cuyo objetivo no era otro que "hacer daño al pueblo boliviano".
"Lamento mucho que algunos se movilicen y se organicen con intereses de carácter personal o de grupo. No defender la Constitución es hacer daño al pueblo boliviano", ha manifestado el dirigente, según ha informado la agencia de noticias estatal ABI.
INCOMPATIBILIDADES CON LA CONSTITUCIÓN
Los artículos del borrador, aprobado hace una semana por la Cámara de Diputados, que han generado el conflicto entre el Gobierno y los manifestantes son el 132, relacionado con los contratos sujetos a la aprobación legislativa; y el 151, referido a la posibilidad de que las cooperativas mineras se asocien con empresas privadas.
Este último punto ya fue eliminado por temor a que posibilitará la privatización de los recursos naturales del país, inviolables según la Carta Magna boliviana, pero sin un previo diálogo entre el Gobierno y las cooperativas, según han informado éstas.
La decisión unilateral del Gobierno desencadenó fuertes enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, que hasta hace unos día mantenían bloqueadas algunas de las principales vías de comunicación del país.
PROYECTO DE LEY DE MINERÍA Y METALURGIA
La norma, aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".
Desde un principio, las cooperativas mineras han denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.
Este cambio no gustó a la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin), que anunció bloqueos en las principales vías que conectan las zonas mineras del país si finalmente el borrador era aprobado. Esta postura, sin embargo, no ha sido respaldada por el principal gremio de trabajadores de la mina, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cuyos representantes repudiaron las medidas de fuerza y denunciaron cualquier intento de poner en manos privadas los recursos del país.
SEMANA DE CONFLICTOS Y CHOQUES
Los fuertes choques propiciaron que, tras su aprobación, el Gobierno paralizara el borrador con el fin de intentar conseguir un consenso con las cooperativas, siempre y cuando el acuerdo estuviera sujeto a la Constitución.
Después de varios días de conflicto, el Gobierno se plegó finalmente a la petición de las cooperativas de llevar a cabo una mesa de negociación en el departamento de Oruro, una de las principales zonas de conflicto, región cuyo desarrollo económico se ha gestado a través de la explotación de los recursos mineros.
A cambio, las cooperativas accedieron el pasado fin de semana a levantar los bloqueos que mantenían en las principales vías de acceso de cinco departamentos de todo el país.