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BRASILIA, 10 Abr. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Dilma Rousseff se ha propuesto acelerar el trámite parlamentario para que la llamada ley de manifestaciones pueda aplicarse durante el Mundial de Fútbol que comenzará el próximo 12 de junio en Brasil, para lo cual trabajará con el Congreso.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, se ha reunido este jueves con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Henrique Eduardo Alves y Renan Calheiros, respectivamente, para indicarles los puntos del proyecto de ley que el Gobierno considera claves.
Fruto de este encuentro, los representantes del Ejecutivo y del Legislativo han acordado estrechar su colaboración para tramitar lo antes posible las diez propuestas sobre dicho borrador que se están discutiendo en el Congreso.
Estos trabajos conjuntos se canalizarán a través del senador Pedro Taques, autor de un proyecto de ley sustitutivo que es el más avanzado en la tramitación parlamentaria y que, según ha admitido Cardozo, es el mejor valorado por el Palacio de Planalto.
"Brasil es un país democrático y necesitamos manifestaciones, pero la comisión de crímenes en las manifestaciones tiene que ser cohibida y castigada", ha explicado Taques, en declaraciones recogidas por Agencia Brasil.
Taques, consciente de que el 'iter' legislativo podría impedir que esta ley de manifestaciones estuviera lista para el Mundial de Fútbol, ha propuesto hacer modificaciones puntuales del Código Penal, que pasan por un endurecimiento de las sanciones por lesiones y daños al patrimonio público y por tipificar los homicidios en las protestas.
Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición del uso de máscaras por parte de los manifestantes. "Nosotros entendemos que no es posible en Brasil, pero algunos defienden que sí, así que hay que debatirlo", ha dicho Taques.
A pesar de este acuerdo entre Gobierno y Congreso, el presidente de la Comisión Constitucional y de Justicia del Senado, Vital di Rego, ha considerado "muy difícil" que la ley de manifestaciones llegue a tiempo para el evento deportivo.
Cardozo, en cambio, ha subrayado que es una cuestión de "voluntad política", y ha garantizado que, en cualquier caso, la ley "garantizará el derecho a manifestarse sin ningún tipo de abuso, ya sea de ciudadanos o de autoridades".
Con esta norma jurídica el Gobierno de Rousseff pretende evitar escenas como las vividas el pasado mes de junio, cuando millones de personas se manifestaron en las principales ciudades brasileñas y fueron reprimidas.
El detonante de estas protestas fue la subida del precio del transporte público, pero rápidamente las manifestación ampliaron sus denuncias a los deficientes servicios públicos y el excesivo dinero destinado a la organización del Mundial y de los Juegos Olímpicos de 2016, así como a la corrupción asociada a estos eventos deportivos.