* Cláusula que impide mejorar oferta a "holdouts" vence este año
* Pero Gobierno no da señales de querer mejorar la propuesta
* Falta de acuerdo seguirá complicando financiamiento del país
Por Nicolás Misculin y Eliana Raszewski
BUENOS AIRES, 30 dic, 30 Dic. (Reuters/EP) -
- Los acreedores que demandaron a Argentina tendrían que esperar al sucesor de la presidenta Cristina Fernández para negociar el cobro de sus bonos, ya que el Gobierno no ha mostrado intención de endulzar su oferta aun cuando en pocas horas vence el escollo que tiene para hacerlo.
Si bien un acuerdo sería beneficioso tanto para los tenedores de deuda como para Argentina, el país sudamericano no quiere arriesgarse a hacer un pago que podría disparar multimillonarios reclamos de otros bonistas. Y eso sería muy difícil de afrontar con unas menguadas reservas internacionales.
Del otro lado del ring, los acreedores que demandaron al país y no aceptaron los canjes previos de deuda no cederán fácilmente en su pretensión de cobrar toda la deuda porque cuentan con un fallo favorable de la justicia de Estados Unidos.
Como nadie parece dispuesto a dar el brazo a torcer, no se ven muchas posibilidades de una negociación exitosa en los próximos meses.
"No va a haber nada nuevo. No cambia nada para nosotros ni el 1 de enero, ni el 2, ni el 3, ni el 4", señaló a Reuters una fuente del Ministerio de Economía, aludiendo a una cláusula que vence el 31 de diciembre y que impide ofrecer mejores términos que los aceptados por los que canjearon sus bonos años atrás.
Argentina cayó en una cesación de pagos técnica a mediados de año, luego de negarse a cumplir un fallo de un juez de Nueva York que ordenó pagar el total de los 1.330 millones de dólares más intereses que debe a los fondos, conocidos como "holdouts" por haber rechazado los canjes.
El magistrado bloqueó entonces los pagos del país austral a los demás acreedores de su deuda, asegurando que antes de pagar a los que aceptaron canjear sus bonos, Argentina debía cancelar su pasivo con los holdouts.
El incumplimiento llegó en mal momento: terminó de cerrar las puertas de los mercados globales de deuda al país, justo cuando su economía sufre un estancamiento, una alta inflación y su balanza comercial se ha deteriorado.
Pero Argentina tendrá que zanjar el pleito tarde o temprano.
"Que (hoy) se pague la sentencia a mí me parece prácticamente imposible", dijo Maximiliano Castillo, director de la consultora económica ACM. "Creo que (con un nuevo Gobierno) se soluciona mucho más rápido, porque en mayor o menor medida todos están diciendo que la sentencia hay que cumplirla".
Aunque todavía faltan varios meses para las elecciones presidenciales de octubre del 2015, los principales candidatos son considerados más amigables con los mercados.
Bajo una eventual presidencia del oficialista Daniel Scioli o de los opositores Mauricio Macri -quien dijo públicamente que hay que cumplir con el fallo de la justicia estadounidense- o Sergio Massa, un acuerdo sería más factible.
Incluso los holdouts admitieron que negociar con ellos sería más fácil que con Fernández, que no puede volver a postularse.
"PERDIENDO ALGUNAS PLUMAS"
Desde que estalló el conflicto, el Gobierno ha repetido una y otra vez que no pagará a los holdouts más de lo aceptado por los bonistas que ingresaron a las reestructuraciones del 2005 y del 2010, o sea entre 25 y 29 centavos por cada dólar adeudado.
Uno de los argumentos del Gobierno era la cláusula contractual conocida como RUFO (Rights Upon Future Offers), que impide hacer mejores ofertas a los demandantes -a los que el Gobierno llama "fondos buitres"- que las acordadas en los canjes. Aunque la cláusula vence en cuestión de horas, no hay indicios de que Argentina cambiará de postura.
"Primero decían que el primero de enero íbamos a salir corriendo después de la cláusula RUFO", dijo Fernández en un reciente discurso. "Realmente estos buitres están perdiendo algunas plumas. ¿Y saben qué? Me parece que van a terminar siendo un cachivache (objeto inútil) más que buitres".
En varias oportunidades, el ministro de Economía, Axel Kicillof, ha destacado que, de acatar la sentencia del juez Thomas Griesa, las demandas contra Argentina se multiplicarían y el país no podría cumplir con sus obligaciones.
Argentina pretende pagar no sólo a los fondos, sino a todos los acreedores que no reestructuraron la deuda y que son un 7 por ciento del total, pero con la misma quita de los canjes.
El reducido acceso al crédito externo que sufre el país desde que cayó en default en el 2002 le dificulta la reactivación de la economía, que ha sufrido de la mano de un menor ritmo en las exportaciones de productos primarios y automotrices, dos de sus grandes motores.
Ante la escasez de dólares, el Gobierno restringió la venta de divisas a personas y empresas que las necesitan para importar.
"La economía argentina necesita de un alto nivel de importaciones para producir", dijo Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas. "Entonces si no se importa se tendrá un problema en la producción y en el empleo, y eso ya lo estamos viendo. Muchos sectores están parados".
Nielsen cree que es poco probable que el Gobierno y los holdouts lleguen pronto a un acuerdo.
Argentina está en una encrucijada: si paga, sus magras reservas seguirán bajando y podría sufrir nuevas demandas multimillonarias que no podría costear; si no lo hace, la estancada economía seguirá sofocada por el escaso financiamiento.
De todos modos, aunque las partes hallaran terreno común, no podría lograrse un acuerdo de un día para el otro.
"El proceso de resolución no es fácil. Si Argentina quiere resolver con todos los acreedores tendrá que hacer un nuevo canje global, que implica muchos pasos" dijo Castillo de ACM, que calculó que el proceso podría durar seis meses.