BUENOS AIRES, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha promulgado la Ley de Pago Soberano de la Deuda, con la que pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones con todos los bonistas, en medio del litigio con los llamados "fondos buitre".
"Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar a los tenedores de bonos", ha dicho en un acto en el que también ha anunciado la puesta en marcha de un plan para impulsar el consumo, según ha informado la agencia de noticias oficial Télam.
"Los argentinos que teníamos fama de no querer pagar, ahora hasta por ley le decimos al mundo que podemos pagar y que vamos a pagar", ha sostenido, aunque aclarando que las condiciones de pago serán las mismas que las pactadas en las reestructuraciones de 2005 y 2010.
Fernández de Kirchner ha explicado que "esta ley no sólo asegura el pago al 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje", sino que "contempla los intereses de los tenedores que no ingresaron a ningún canje, los que prefirieron litigar contra Argentina".
La jefa de Estado ha destacado también el cambio de jurisdicción del pago a los bonistas, que les permitirá ejercer su derecho de crédito ateniéndose a la legislación argentina, y no a la estadounidense, como hasta ahora.
Ha explicado que esto garantiza "que no vuelva a suceder lo mismo que con esos 539 millones de dólares que no están embargados, ni transferidos, ni nada, sino que están en el limbo, porque nadie puede definir jurídicamente en calidad de qué se están reteniendo".
Así, ha considerado que el país "está en una situación exactamente inversa, de 180 grados", a la de 2001, cuando también se declaró en quiebra, porque "ahora el Parlamento asegura el pago en idénticas condiciones a las que habían sido pactadas".
Además, la ley crea una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa.
"FONDOS BUITRE"
La nación austral incurrió en 2002 en una cesación de pagos de unos 100.000 millones de dólares, deuda que se reestructuró en su mayor parte pagando menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores en 2005 y 2010.
Una minoría de bonistas, a los que el 'kirchnerismo' se refiere 'fondos buitre', optaron por demandar a Argentina en tribunales de Estados Unidos, donde obtuvieron un fallo favorable en su reclamo del pago total de la deuda.
Obviando este fallo, Argentina depositó en junio el dinero necesario para pagar a los bonistas de las reestructuraciones, pero el juez estadounidense Thomas Griesa bloqueó esos fondos para dar prioridad a los 'holdouts', lo que provocó que el país entrara en suspensión de pagos el 30 de julio.