BRASILIA, 4 Mar. (Reuters/EP) -
El principal fiscal de Brasil ha pedido este martes al Tribunal Federal Supremo que abra investigaciones sobre políticos que presuntamente se beneficiaron de una trama multimillonaria de sobornos en la estatal Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), según ha dicho un funcionario de la corte.
La petición de que se autorice la investigación amplía el mayor escándalo de corrupción del país al escenario político, sacudiendo nuevamente al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en momentos en que ya lucha por contener las consecuencias económicas del caso.
El funcionario, quien pidió no ser identificado debido a que el caso aún está bajo las normas de secreto, ha indicado que el fiscal general Rodrigo Janot pidió al tribunal que autorice 28 investigaciones independientes a 54 personas, principalmente políticos.
La oficina de Janot no entregó los nombres de los políticos que serán investigados, pero testimonios de los acusados que fueron parte de un acuerdo con la Fiscalía y que se filtraron a los medios locales indican que la mayoría son miembros del Partido de los Trabajadores y aliados de su coalición en el Congreso.
El diario Estado de S. Paulo y otros medios dijeron que la lista incluye al presidente del Senado, Renan Calheiros, y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido Movimiento Demócratico de Brasil (PMDB), el mayor aliado en la coalición gobernante de Rousseff.
Bajo la ley brasileña, los políticos y miembros del gabinete solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema. El juez a cargo del caso debe decidir si levanta la provisión de secreto y divulga los nombres y las declaraciones del acuerdo con la Fiscalía.
Los políticos fueron identificados por ex ejecutivos de alto rango de Petrobras y un operador de cambios del mercado negro cuyo arresto en marzo pasado inició una investigación sobre el desvío de dinero desde contratos de obras de infraestructura con precios excesivos hacia el bolsillo de políticos y ejecutivos corruptos.
Parte de ese dinero, según dicen los fiscales, podría haber ayudado a financiar campañas electorales de partidos políticos, incluido el Partido de los Trabajadores de Rousseff y otros miembros de su coalición de Gobierno.