MADRID, 16 Mar. (Notimérica) -
Tras el anuncio de la liquidación de la filial de Gas Natural Fenosa (GNF) en Colombia, Electricaribe, la Embajada del país sudamericano en España ha insistido en que la acción del Gobierno "no puede entenderse como una expropiación".
Según un comunicado al que ha tenido acceso 'Notimérica', la institución achaca la intervención estatal a la incorrecta gestión de la compañía, la cual "no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios".
De esta manera, los representantes diplomáticos descartan que los impagos a GNF --cifrados por la compañía en más de 1.300 millones de euros-- sean la principal causa de la liquidación. "El problema central ha sido la insuficiencia de las inversiones requeridas para contrarrestar el deterioro de la infraestructura administrada por la empresa, mejorar su capacidad y mantener sanas sus finanzas", han destacado.
GNF, por su parte, aseguró en un escrito que "es una auténtica ocurrencia decir que la gestión del riesgo de fraude o impago está en manos de Electricaribe".
En este sentido, la compañía española acusó a "la Administración colombiana y en especial la mencionada Superintendencia (la cual ordenó la liquidación)" de no tomar las "medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad por falta de adecuada regulación y seguridad jurídica".
Por ello, GNF, considerando que "no le queda otra alternativa", tomó la decisión de acudir al tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial, el Ciadi, donde denunciará a las autoridades colombianas.
Al respecto, desde la Embajada han reiterado que "como Gobierno han intentado todos los caminos posibles para buscar una solución de la mano de Gas Natural Fenosa, sin lograr un compromiso para realizar las inversiones requeridas".
Así, defienden que "con la liquidación se permitirá pagarle a los acreedores y eventualmente a los accionistas", alegando que su "prioridad son los usuarios".
No obstante, desde la institución han insistido en que el Ejecutivo "nunca ha descartado la concertación con Gas Natural, pero la prioridad es lograr el bienestar de los usuarios y acreedores".
LA INTERVENCIÓN
El superintendente aseguró durante la rueda de prensa que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (unos 803 millones de dólares), de los que 1,8 billones (alrededor de 601 millones de dólares) corresponden a entidades financieras.
Además, el plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador, y que se convertiría en el "eje central del proceso de selección", asciende a 240.000 millones de pesos (unos 79 millones de dólares) anuales.
Electricaribe, participada en un 85,38 por ciento por Gas Natural Fenosa, fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 14 de noviembre, situación que se amplió por dos meses en enero, hasta el 11 de marzo.
La compañía española decidió dejar de consolidar desde el 31 de diciembre pasado a Electricaribe en su balance y procedió a dar de baja sus activos, pasivos y participaciones no dominantes por un importe neto de 505 millones de dólares.
De esta manera, la energética reconoce la inversión en la filial colombiana como un activo disponible para la venta por su valor razonable de 505 millones de dólares, similar al valor neto contable.
Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en 2000, y en 2009 Gas Natural compró Unión Fenosa. Desde entonces, y pese a no dejar de advertir de la mora y el fraude de la filial, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, "y jamás se ha cobrado ningún dividendo", señala.