El Ministerio de Trabajo actualizará pensiones asistenciales a 3.000 emigrantes en Argentina por la devaluación del peso

 Ministerio De Trabajo, Migraciones Y Seguridad Social
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 24/07/2018 15:15:42CET

   MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS/Notimérica) -

   La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, Magdalena Valerio, ha anunciado que su departamento tiene previsto actualizar las pensiones asistenciales de unos 3.000 emigrantes españoles en Argentina debido a la devaluación del peso. Fuentes de este departamento han precisado que la medida podría alcanzar hasta a 5.000 personas.

   Valerio ha señalado que el coste de la misma supone unos 9 millones de euros y ha subrayado que esta medida es posible gracias al Real Decreto por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, una normativa aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que nunca se había aplicado hasta el momento.

   La medida puede ponerse en marcha cuando existe una devaluación de la moneda que supera el 15 por ciento, como ocurre en la actualidad. "Vamos a dar una solución próximamente", ha recalcado Valerio.

   La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí ha precisado que la medida, que se aplica por primera vez en España, afecta a los españoles de origen que reciben pensión asistencial en el país por falta de recursos. Además, ha agregado que se cuenta con la partida necesaria en el departamento para llevarla a cabo.

VENEZUELA

   Por otro lado Valerio también se ha referido a la situación de españoles retornados desde Venezuela que se encuentran en situación de necesidad y ha recordado que hay sentencias al respecto y varias recomendaciones del Defensor del Pueblo que han sugerido, tanto a este Gobierno como al anterior, paliar esta situación.

   Además, también se está buscando una solución a la situación de los emigrantes españoles residentes en Venezuela con derecho a cobrar una pensión retributiva que el Ejecutivo venezolano no está pagando.

   "Hay situaciones muy variadas --ha dicho la ministra--. Desde el ministerio, desde la Secretaría de Estado de Migraciones y desde la de Seguridad Social se están buscando medidas para paliar la situación lamentable por la que están pasando".

   Por su parte, Rumí ha concretado que, por un lado, su secretaría va a paliar la situación de unos 300 españoles retornados de Venezuela mayores de 65 años que no tienen pensión contributiva y no pueden solicitar una no contributiva --porque es requisito indispensable para acceder a esta última llevar tres años residiendo en España y los dos últimos de forma ininterrumpida, algo que este colectivo no cumple.

   "Estamos preparando una respuesta para esta situación de dificultad", ha añadido Rumí, que estima que el coste de la solución será de 1,5 millones e euros, también disponibles.

   Por otro lado, según ha comentado, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social trabaja en una solución para los emigrantes españoles residentes en Venezuela con derecho a una pensión contributiva pero que el Gobierno venezolano ha dejado de pagar. Ambas medidas se anunciarán de forma conjunta próximamente.

PLAN DE RETORNO DE TALENTO

   La ministra de Trabajo ha recalcado que si en 2010 había 1,5 millones de españoles residentes en el extranjero, en 2018 hay 2,4 millones, es decir, un millón más. Mientras tanto, según datos facilitados por el ministerio de Trabajo, el presupuesto para estas políticas ha pasado de 135,5 millones en 2010 a 55 millones en 2017.

   Valerio también ha anunciado una política de recuperación de talento para que aquellos españoles que han salido de España puedan regresar si así lo desean. En este sentido, la secretaria de Estado de Migraciones ha avanzado que se ha planteado a las comunidades autónomas y a las asociaciones que representan a los españoles en el exterior la intención de abordar un plan conjunto para el retorno del talento.

VOTO ROGADO

   La secretaria de Estado ha explicado que estas fueron algunas de las reivindicaciones más subrayadas por parte del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se reunió recientemente en Madrid, a las que van a dar curso.

   Junto con ello, se ha comprometido ha rectificar el voto rogado. La reforma electoral de 2011, aprobada en su día por PSOE, PP, CiU y PNV, obligó a los emigrantes a solicitar el voto en cada convocatoria de generales y autonómicas, un cambio que hizo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).

   La supresión de ese llamado "voto rogado" está apoyada ahora por quienes no suscribieron aquella reforma (IU, Podemos, Ciudadanos y CC), pero también por casi todos sus firmantes, especialmente el PSOE, el PDeCAT (la antigua Convergència) e incluso el PP (sobre todo organizaciones territoriales como la gallega).

   Con la única abstención del PNV, el Pleno del Congreso aprobó el pasado mes de abril "tramitar con celeridad una proposición de ley, consensuada por una mayoría de grupos, en el marco de la subcomisión encargada de la reforma de la LOREG, para suprimir el sistema de voto rogado, mejorar el derecho fundamental de voto para las personas que viven en el extranjero y volver a los principios de la anterior legislación, con el objeto de que los derechos democráticos de todos los residentes en el extranjero se puedan ejercer fácilmente y con todas las garantías".

AMPLIACIÓN DE NACIONALIDAD

   De igual modo, Rumí ha recordado que el PSOE ha expresado su apoyo a la proposición de Ley que Podemos ha presentado en el Senado para ampliar la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de padres españoles nacidos en el extranjero, por la vía de cubrir ciertas lagunas que, a juicio de la formación morada, tiene la actual Ley de Memoria Histórica.

   Se trata de incluir en la ley casos como los de familias de padres españoles en los que algunos descendientes sí tienen la nacionalidad y otros no, en función de si eran o no mayores de edad cuando entró en vigor la ley, o excepciones como el de los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, fecha hasta la que no se pudo transmitir la nacionalidad.

   También quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica los nietos de emigrantes por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de sus hijos, y los nietos de españoles que tenían la nacionalidad pero la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su mayoría de edad.

   En este último caso, explica Unidos Podemos, algunos pudieron recuperar la nacionalidad y otros no, porque no hubo instrucción específica y se dejó a la interpretación de cada registro consular.