Homicidios, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura figuran entre los abusos cometidos
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado la impunidad de las fuerzas de seguridad venezolanas ante las cientos de muertes registradas desde que en 2015 estalló la ola de protestas opositoras y, ante la falta de capacidad o interés del Gobierno de Nicolás Maduro, ve base para "una mayor implicación" del Tribunal Penal Internacional.
En un nuevo informe, la oficina de Zeid Raad al Hussein, que ya analizó la violencia en agosto de 2017, ha responsabilizado a las autoridades venezolanas de "graves violaciones de los Derechos Humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura".
La Fiscalía registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad entre julio de 2015 y marzo de 2017, bajo la denominación de 'Operaciones de Liberación del Pueblo" (OLP). Según los testimonios recabados, estas muertes reflejan un patrón en el que quedan de manifiesto las incursiones en barrios pobres, la muerte de jóvenes de un determinado perfil y la manipulación del lugar de los hechos para justificar los abusos.
Las propias víctimas han cuestionado que las OLP tuviesen como objetivo "desarticular a los grupos delictivos", sino que temen que "constituyeron un instrumento para que el Gobierno (de Nicolás Maduro) mostrara supuestos resultados con respecto a la reducción de la delincuencia".
Pese a que por iniciativa de la exfiscal Luisa Ortega --cesada en agosto de 2017-- se abrieron investigaciones contra 373 agentes, no se tiene constancia de ningún avance, según el Alto Comisionado porque el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es juez y verdugo en los supuestos delitos cometidos. Tampoco se ha iniciado juicio alguno pese a que Ortega cursó al menos 54 órdenes de arresto.
Las OLP fueron reconvertidas en enero de 2017 por las Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo, aún más difíciles de rastrear pero bajo cuyos protocolos "los homicidios han continuado". La impunidad, ha añadido el Alto Comisionado, "también parece ser generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017".
El informe sostiene que "las autoridades estatales no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad", hasta el punto de que varios familiares de víctimas han reconocido que han "perdido la confianza" en el sistema judicial y no esperan que las autoridades rindan cuentas de sus actos.
Todos los familiares que fueron entrevistados han indicado que no confían en la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas, establecida por la Asamblea Constituyente --el Parlamento creado de forma unilateral por el chavismo--.
INVESTIGACIÓN
Zeid ha advertido de que la falta de investigaciones y juicios "sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela" y ha asegurado que durante los últimos años se han menoscabado tanto las salvaguardas y los "equilibrios institucionales" como el "espacio democrático". "La impunidad debe terminar", ha reclamado.
El Alto Comisionado ha solicitado en vano acceso a Venezuela, por lo que ha optado por recomendar al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación 'ex profeso'. Asimismo, considera que existen "sólidas razones" para considerar "una mayor implicación" del Tribunal Penal Internacional, en vista de que "el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos".
Al menos 280 personas han sido privadas "arbitrariamente" de libertad por expresar sus ideas políticas o por ser consideradas como una amenaza contra el Gobierno. Además, más de 7.000 personas se encuentran en libertad condicional y "viven con miedo" a un futuro arresto o juicio, según los datos recabados por organizaciones de la sociedad civil.
LA CARA MÁS SOCIAL DE LA CRISIS
El informe analiza también el declive social de Venezuela, inmersa en una crisis humanitaria que Maduro se ha limitado a atribuir a la "guerra" emprendida por los grupos de derechas y por países enemigos como Estados Unidos. En este sentido, el Alto Comisionado ha recordado que el Gobierno tiene la obligación de hacer todo lo posible para garantizar los derechos de la población a la salud y a la alimentación.
Varios profesionales sanitarios han descrito el "grave deterioro" de los centros de salud y la "escasez sistemática" de productos esenciales, mientras que la información disponible evidencia un "rápido incremento" de la desnutrición infantil.
"Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura", ha dicho Zeid, que ha cifrado en el 87 por ciento la población venezolana bajo el umbral de la pobreza. Un 61,2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema y 1,5 millones de personas han salido del país desde 2014, según dichas estimaciones.
"Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual, y la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario, pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia", ha lamentado Zeid en su comunicado.
Por este motivo, ha reclamado tanto a las autoridades venezolanas como a la comunidad internacional que tomen "medidas inmediatas" para "evitar un mayor deterioro" de la situación.
Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a los Derechos Humanos también siguen confrontadas a severas restricciones legales, campañas de desprestigio, amenazas y acoso, así como a acusaciones de haber cometido delitos, tales como actos de terrorismo y de traición a la patria. Aunque el número de detenciones arbitrarias e ilegales es ahora menor que durante las manifestaciones masivas del año pasado, han continuado de una manera más selectiva.