LIMA, 23 ene (Reuters)
Las autoridades peruanas retiraron a la empresa multinacional Odebrecht la concesión para construir un gasoducto valorado en millones de dólares en el sur del país porque no ha conseguido el financiamiento.
Los socios del consorcio, liderado por la constructora brasileña, tenían como plazo hasta el lunes para conseguir 4.125 millones de dólares, pero un grupo de bancos le puso como condición el retiro de Odebrecht del proyecto en momentos en que se investiga si la firma pagó sobornos para obtener contratos de obra pública en el país.
El consorcio había anunciado el viernes que devolvería al Estado la concesión del proyecto de 7.200 millones de dólares --uno de los mayores montos para un proyecto privado en el país andino-- para que se realice una nueva licitación.
"El plazo (para cerrar el financiamiento) se vence hoy (lunes) y mañana (martes) estaríamos comunicando la terminación del contrato y la ejecución de la mayor carta fianza de cumplimiento", dijo el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, en la radio local RPP.
Según Tamayo, la fianza suma 262 millones de dólares y sirve como una penalidad por el incumplimiento del contrato.
En el consorcio, Odebrecht tiene el 55 por ciento del proyecto, mientras que la española Enagás posee un 25 por ciento y la peruana Graña y Montero el 20 por ciento restante.
El ministro afirmó que espera realizar lo más pronto posible un nuevo proceso de licitación del gasoducto, cuya paralización afectaría a una economía que viene de sufrir el año pasado una caída de la inversión privada por tercer año consecutivo.
Según Tamayo, ya existen empresas interesadas en desarrollar el proyecto, que es considerado clave en Perú porque permitiría la creación de un polo petroquímico en el sur y surtiría de energía a grandes mineras que operan en el país.
El ministro indicó que el Estado no compensaría al consorcio por su inversión realizada y que en todo caso la nueva empresa que construya y opere este proyecto podría comprar los activos del gasoducto.
"Esta situación está prevista en los casos en los cuales hay que cambiar de concesionario por alguna razón. Por lo tanto, se convoca a una nueva licitación para un nuevo inversionista y con el dinero que ofrezca se crean los recursos para pagar", agregó.
El gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, señaló a Reuters en diciembre que el Estado tendría que pagar entre 1.200 y 1.400 millones de dólares como compensación.
Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, intentó sin éxito en los últimos meses vender su participación y mantuvo para ello conversaciones con el fondo canadiense Brookfield y con la estatal china CNPC.