QUITO, 2 Oct. (Reuters/EP) -
El Estado ecuatoriano ha ofrecido este miércoles disculpas públicas a una comunidad indígena como un reconocimiento a la violación de los Derechos Humanos por autorizar, sin permiso de los habitantes, una explotación petrolera en su territorio hace casi dos décadas.
Este hecho se ha producido en la comunidad de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, en el sureste del país, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida hace dos años en favor de los indígenas.
"Ofrecemos las disculpas públicas correspondientes por la violación a la propiedad indígena (...) al derecho a la consulta, por poner en grave riesgo la vida e integridad", ha dicho la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, en un acto público en la comunidad, a la que se accede únicamente por vía aérea o fluvial.
Las disculpas públicas forman parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado ecuatoriano de una violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal y a la identidad cultural de la comunidad.
El dictamen también dispuso una indemnización de 1,3 millones de dólares a la comunidad, que fue pagada el año pasado por el Estado, así como la retirada del explosivo pentolita usado en la explotación petrolera y que se encuentra disperso en su territorio.
Por su parte, la dirigente indígena Narcisa Gualinga ha pedido a las autoridades "garantías" para que este tipo de casos "no se vuelvan a repetir".
RESUMEN DE LOS HECHOS
En 1996 el Estado ecuatoriano otorgó una concesión de exploración y explotación a la firma argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para desarrollar actividades petroleras en la mayor parte del territorio de Sarayaku, ubicado en el corazón de la selva ecuatoriana.
La ley ecuatoriana dispone que para emitir una concesión se debe realizar una consulta previa a los pueblos indígenas que habiten en las zonas petroleras, requisito que no fue cumplido en el caso de esta comunidad.
Tras la concesión, se realizaron trabajos de sísmica y se utilizó pentolita para comenzar con la extracción. El contrato con CGC terminó por mutuo acuerdo con el Estado ecuatoriano en el 2010. Los indígenas habían presentado la demanda contra el Estado en el año 2003.
Las disculpas podrían sentar un precedente para los reclamos que mantienen otras comunidades indígenas en contra de la explotación petrolera en el socio más pequeño de la OPEP por daño ambiental y a sus territorios ancestrales.