MÉXICO DF, 1 Ago. (Notimérica/EP) -
El Congreso de Sinaloa, en el oeste de México, ha aprobado por unanimidad una ley que prohíbe expresamente a los medios de comunicación "el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia", a menos que esta sea proporcionada por el mismo Gobierno del estado.
La ley ahora no permitirá a los medios grabar audio, vídeo o tomar fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo, ni transmitir información de seguridad o justicia que no se encuentre en un boletín oficial elaborado por las autoridades, según ha informado el portal mexicano Animal Político.
Las dudas que surgen ante la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública del estado de Sinaloa son muchas, empezando por donde queda el derecho a la información y la libertad de prensa en todo este asunto.
Según los artífices de la reforma, el objetivo de los nuevos cambios era armonizar ambas leyes con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero el artículo 51 bis trata directamente a los medios de comunicación y supera el ámbito de la protección a los derechos de las víctimas e inculpados.
Acceder a las investigaciones sólo a través de boletines de prensa, nunca a través de otros medios o fuentes, y que ningún funcionario pueda dar declaraciones sin autorización expresa del Procurador, son las nuevas normas a las que se enfrentan los periodistas de Sinaloa.
Los medios tampoco podrán acceder al lugar de los hechos como la escena del crimen, aunque la ley no aclara si los periodistas podrán permanecer al lado de la cinta como se ha hecho hasta ahora o si eso dependerá del criterio de las autoridades.
Por su parte, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roque Chávez, ha alegado que "lo que estamos viendo es un cambio y todos los cambios generan incomodidades y protestas" y ha defendido que el artículo 51 bis es preservador de derechos.
Sin embargo, los periodistas y las organizaciones de profesionales de la información locales no han tardado en quejarse y desatar las alertas ante la nueva reforma y el secretismo con el que se han llevado los nuevos cambios. Tanto as así que el procurador estatal, Marco Antonio Higuera, ha acabado indicando que "si hay necesidad de presentar alguna iniciativa de reforma se tiene que hacer porque lo que se busca es tener toda la claridad".
"Se tiene que revisar, nos cayó de sorpresa, se tendría que haber socializado antes", ha señalado el director del medio digital sinaloense Café Negro, Carlos Rosas.
El Gobierno sinaloense, una coalición entre Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de Revolución Democrática (PRD) que gobierna desde 2011, encabezada por Mario López, ya ha intentado en diversas ocasiones establecer medidas de control de la información. Es más, se estrenó en el poder con un borrador de ley que pretendía obligar a los periodistas a registrar los reportajes que estaban haciendo, algo que finalmente no pasó.