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MÉXICO DF, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los enfrentamientos entre el Ejército de México y los grupos de autodefensa se han cobrado las primeras víctimas durante la noche de este lunes en el estado de Michoacán, aunque el número de fallecidos varía según las fuentes. Si bien los líderes de estos grupos aseguran que fueron cuatro las bajas, las autoridades federales hablan de dos fallecidos.
El Ejército de México ha comunicado que el choque entre ambas facciones se produjo durante el proceso de desarme que se llevo a cabo en los municipios de Múgica y Parácuaro, en el estado de Michoacán, en el sur del país, hasta donde se desplazaron, según fuentes del Ministerio del Interior, más 3.000 efectivos de las fuerzas federales.
Por su parte, desde los grupos de autodefensa han criticado el ataque indiscriminado del Ejército, causando bajas incluso entre la población civil. Según ha denunciado uno de sus dirigentes, Estanilao Beltrán, los militares dispararon contra ciudadanos de la comunidad de Antúnez, en el centro de Michoacán, dejando un registro de cuatro personas muertas, entre ellas una menor de 11 años.
En cuanto a la versión del Gobierno, la Secretaría de Defensa ha informado acerca de dos bajas, aunque sin entrar en más detalles. La misma posición ha tomado el fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, quien tras confirmar el enfrentamiento, no ha aportado más datos al respecto, tal y como ha señalado el diario mexicano 'Milenio'.
Murillo Karam sí ha afirmado que tras el operativo militar en estos municipios de Tierra Caliente, el Gobierno de México ha empezado a restablecer el estado de derecho en Michoacán, luego de que las palabras el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, conminando a los paramilitares para que dejaran las armas no hubiese surtido efecto.
Los grupos de autodefensa han surgido con fuerza en México, sobre todo en los estados más castigados por el narcotráfico y los cárteles. Según han comunicado estos grupos en numerosas ocasiones, sus acciones son la respuesta a la inoperancia del Gobierno y de las autoridades federales, a las que acusan de connivencia con estos grupos delictivos.