MÉXICO DF, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciará al procurador general de México, Jesús Murillo Karam, por la supuesta comisión de un delito de omisión del deber en el caso de los 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) desaparecidos en Iguala.
Alejandro Sánchez, legislador de Izquierda Democrática Nacional, que forma parte del PRD, ha anunciado este lunes que en el plazo de una semana presentará, junto a otros 'perredistas', una denuncia contra Murillo Karam.
Sánchez ha argumentado que Murillo Karam eludió su responsabilidad al no investigar las numerosas denuncias existentes contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que está desaparecido, por sus vínculos con el crimen organizado.
"Estamos convencidos de que si se hubiera actuado en tiempo y en
forma, se hubieran evitado estos acontecimientos que lastiman
a la sociedad nacional e internacional", ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario mexicano 'El Universal'.
Además, ha considerado que el PRD "no debe ser tapadera de nadie", en alusión a la posible dimisión del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, miembro de este partido político, a pesar de que los 'perredistas' han acordado blindar al líder estatal durante el consejo nacional celebrado este fin de semana.
"Es obvio que, de manera urgente tiene que haber medidas, pero, desde nuestro punto de vista, esas medidas urgentes obedecen a que el gobernador evalúe que separarse del cargo ayuda a la investigación, ayuda a un sentido de gobernabilidad", ha indicado.
La presión sobre las autoridades mexicanas de todos los niveles sigue aumentando para que de una vez por todas esclarezcan el caso de los 'normalistas' de Iguala y depuren las responsabilidades correspondientes.
Los 43 'normalistas' desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre en el marco de una protesta contra al reforma educativa del Gobierno mexicano que desembocó en violentos enfrentamientos con la Policía que se saldaron con seis muertos y 25 heridos.
Se sospecha que estos 43 'normalistas' han sido víctimas de la organización criminal Guerreros Unidos, a la que algunos señalan como el brazo armado de los gobiernos municipales de la zona, por lo que las autoridades mexicanas intentan identificarlos entre los restos hallados en fosas comunes.