Foto: REUTERS
LIMA, 19 Abr. (Notimérica/EP) -
El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha considerado que la condena contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de los 'diarios chicha', en el que se le acusa de usar fondos públicos para pagar la propaganda mediática, es "inevitable".
"Creo que el resultado del juicio, por lo que he visto, será de una condena inevitable", ha dicho el abogado del IDL Carlos Rivera, que también llevó la defensa de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, de las que el ex jefe de Estado ya ha sido culpado.
Rivera ha considerado que "el hecho de que (la condena) se retrase uno o dos meses", debido a la dilación del juicio por la huelga del Poder Judicial, "no va a cambiar la historia", según ha informado la agencia de noticias ANDINA.
El pasado 17 de octubre arrancó el juicio de los 'diarios chicha', en el que Fujimori está acusado de desviar de 122 millones de nuevos soles (43,3 millones de dólares) del erario público para sobornar a los grandes medios de comunicación con el fin de que apoyaran su tercera reelección.
En 2005, la justicia peruana ya juzgó y condenó a un total de 29 altos cargos del Gobierno de Fujimori, incluido su ex jefe de Inteligencia, el ex general Vladimiro Montesinos, por los 'diarios chicha', pero no pudo probar la implicación directa del ex mandatario.
"Ahora, hay pruebas que permiten establecer claramente su responsabilidad en el delito de peculado. Así lo han corroborado en múltiples declaraciones los interrogados en el proceso judicial anterior", explicó en su momento el fiscal anticorrupción Julio Arbizu.
La Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción han pedido que Fujimori sea condenado a ocho años de cárcel, la máxima pena por el delito de peculado, y a pagar una multa en concepto de responsabilidad civil, pero no se han puesto de acuerdo en la cantidad.
La posibilidad de juzgar al ex jefe de Estado por el caso de los 'diarios chicha' se planteó, tras ocho años de 'impasse' judicial, el 14 de noviembre de 2012, cuando la Corte Suprema de Chile decidió ampliar su extradición a Perú.
La Justicia peruana no podía juzgar a Fujimori por malversación de fondos públicos si no lo autorizaba la Corte Suprema de Chile, ya que solo había autorizado la extradición con la condición de que fuera juzgado por los crímenes cometidos durante su Gobierno.
Sobre Fujimori pesan varias condenas, aunque la más importante es la de 25 años de cárcel dictada en abril de 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por el secuestro de un empresario y un periodista. Los hechos ocurrieron en la década de 1990, cuando su Gobierno emprendió una lucha contra Sendero Luminoso.