BOGOTÁ (COLOMBIA), 25, (Notimérica)
El día 15 de mayo de 2016 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FACR) anunciaban, en el marco de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, la futura liberación de los menores de 15 años reclutados entre sus filas y el progresivo acuerdo de exención de los jóvenes de entre 15 y 17 años. La redención de los jóvenes y adolescentes pasa por su posterior acogida, tal y como fue establecido en los planes de reinserción social que el Gobierno elaboró como parte del acuerdo.
Aunque se desconoce la cifra exacta de menores reclutados por las FARC hasta el momento, la Fiscalía de Colombia fijó en un estudio publicado en el año 2016 que desde el año 1975 la cifra final ascendía a 11.556 menores, de los cuales el 67% eran hombres y el 33% mujeres. Las cifras dadas por el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, distan notablemente, afirmando que el número ascendía hasta 170. Sin embargo, el jefe guerrillero Iván Márquez nombró la existencia de 21 menores de 15 años entre las filas guerrilleras, y tal y como aseguró el líder guerrillero conocido como 'Pastor Alape', miembro de la mesa de negociaciones de paz en La Habana, la presencia de los jóvenes en sus campamentos se debe a la decisión voluntaria de los mismos.
NIÑOS DE LAS FARC
La liberación de los primeros menores llegaba en el mes de septiembre de ese mismo año: un grupo compuesto por 13 jóvenes reclutados por la guerrilla era entregado a delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en uno de los campamentos de las FACR. Tras verificar que el estado de salud y su identidad, los niños y adolescentes eran trasladados a centros de acogida. La prioridad es devolver a los menores junto a sus familias después de un periodo de tiempo de rehubicación y asistencia, pero en el caso de que los menores no quieran regresar a sus hogares (por circunstancias variables) se les deberá ofrecer otras alternativas.
Así mismo, las operaciones aseguran la reserva de la identidad de los menores liberados para su posterior inclusión social. Ésta, para que sea efectiva, deberá estar basada también en la reparación de los puntos de empuje que en un momento dado llevaron a los menores a unirse o a ser captados por la guerrilla. La vulnerabilidad de miles de menores, cuyas familias habitan principalmente en las zonas rurales de Colombia, los ha proyectado como uno de los grupos sociales más afectados por el conflicto a lo largo de las últimas cinco décadas.
VULNERABILIDAD Y POBREZA
A pesar de que las FARC estableció como norma la no inserción de menores de 14 años entre sus filas, se sabe que son múltiples los casos de niños combatientes y que su unión a la guerrilla radica de diversos supuestos. La Fiscalía colombiana registró desde los años 70 lo que se considera como una 'política' de las FARC basada en el rapto de niños y jóvenes campesinos, en especial procedentes de los departamentos de Antioquia, Guaviare, Cauca, Tolima, Caquetá y Nariño.
La concreción geográfica de esta 'política' se encuentra relacionada con la situación social que en dichas áreas se vive, y que forma parte de un problema de desigualdad e inequidad regional. Los índices de pobreza y la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, así como el déficit educacional de los menores colombianos de las áreas rurales, han abocado a varias generaciones de niños colombianos a un futuro con escasas oportunidades y a una situación social ampliamente marginal.
La mitad de los menores de estas zonas no llegan a superar el quinto grado de educación primaria, estando un 75 por ciento de los mayores de 16 años fuera del sistema educativo. Además, un 20 por ciento de los menores de las áreas rurales de Colombia nunca ha ido a la escuela. El difícil acceso físico a las escuelas rurales, muchas veces alojadas en zonas lejanas, así como la carencia de docentes de calidad dispuestos al desarrollo de su labor en este tipo de zonas, dificultan los leves estímulos educativos existentes en la Colombia más rural.
NIÑA DE LAS FARC
Los costes de los uniformes y materiales escolares, los cuales no pueden ser asumidos por un alto porcentaje de la población habitante en estas zonas, desaniman del mismo modo que la precariedad de las infraestructuras escolares rurales, cuya financiación dista de la de los municipios más grandes del país: en los últimos años, la inversión educativa del gobierno colombiano se ha situado en un 4,6 por ciento del PIB nacional, alcanzando únicamente un 0,5 por ciento las áreas rurales.
La educación rural se ve sometida a una lucha constante por la calidad y la accesibilidad, pero además ha sido a lo largo de la historia del conflicto un foco de ataque. Las instalaciones educativas rurales han sido utilizadas en múltiples ocasiones como refugio o campamento de las guerrillas en sus travesías y desplazamientos, impidiendo que muchos menores hayan podido tomar sus clases durante periodos de tiempo indeterminados. Además, el uso de estas instalaciones por parte de los guerrilleros ha llevado a la divulgación propagandística de sus ideales hacia los menores. Del mismo modo, los caminos hacia ellas, y por consiguiente hacia algunos campamentos temporales de la guerrilla, son minados para impedir ataques.
Como consecuencia de todo ello, los menores se postulan como blancos fáciles del reclutamiento de grupos armados y bandas de narcotráfico, tanto así que se estima que un 60 por ciento de los menores guerrilleros proceden de familias y entornos pobres de Colombia. Entre dichos grupos han actuado las FARC, pero no debe olvidarse que tras el Acuerdo de Paz otros grupos insurgentes siguen en activo, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL).
Por ello, deberá asegurarse dentro del proceso de reestructuración social colombiano el fomento de la educación, dejando de lado la visión de 'segurity first' que muchos de los acuerdos de paz han postulado como tarea primordial. El fomento de una educación semejante para todos los grupos sociales asegura el desarrollo de una igualdad de oportunidades que, en un país carente de equidad y con constantes problemáticas sociales como Colombia, permitirá su desarrollo y estabilización.
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Así, el documento incluye mejoras en el desarrollo y educación rural, así como el abandono progresivo de las armas, la erradicación manual de campos de droga (no ancestrales) o la determinación de quiénes son las víctimas del conflicto armado. Este último apunte sigue siendo uno de los más discutidos: mientras buena parte de la sociedad colombiana declaró su negativa al plebiscito y a la reinserción y perdón de los guerrilleros por sus actos, las mismas filas de las FARC declararon en La Habana sentirse también víctimas del Estado.
En cualquier caso, el pacto de liberación entre el gobierno y las FARC establece que en ningún caso los menores de 14 años serán declarados penalmente responsables a pesar de las acciones que hayan podido llevar a cabo, mientras que a los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 se les indultará por rebelión y delitos conexos, siendo en cualquier caso todos ellos considerados como víctimas del conflicto.
El perdón y la adecuada reinserción de menores asegura, además del bienestar y desarrollo personal de los jóvenes de cara al futuro, la dificultad de su reincorporación en otros grupos violentos, como guerrillas insurgentes, paramilitares o bandas de narcotráfico. El miedo, la falta de oportunidades y la coacción a la que se ven sometidos los exguerrilleros, especialmente cuando aún no han alcanzado la edad adulta, empuja su asociación con nuevos núcleos violentos con los que tratan de asegurar su supervivencia.