Amnistía Internacional ve en la partida de Raúl Castro una "oportunidad histórica" para los DDHH en Cuba

El presidente cubano, Raúl Castro
ACN - Archivo
Publicado 17/04/2018 12:03:38CET

   MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Amnistía Internacional (AI) considera que la inminente partida de Raúl Castro de la Presidencia de Cuba representa una "oportunidad histórica" para revisar la situación de los Derechos Humanos en el país y por ello ha propuesto una 'hoja de ruta' para "transformar el enfrentamiento en diálogo".

   "Es un momento oportuno para entablar un diálogo esencial y constructivo sobre el futuro de Cuba. El nuevo presidente debe aprovechar esta oportunidad y consolidar los progresos en Cuba en materia de Derechos Humanos", ha dicho la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

   Guevara Rosas ha mencionado en concreto "áreas como el acceso a la asistencia médica y a la educación", si bien ha enfatizado la necesidad de "abordar los problemas históricos de la nación en esa materia", que se refieren a "las restricciones que persisten sobre el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

   "El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad de dar paso a una nueva era de respeto por los Derechos Humanos" en la que se garanticen "los derechos de toda la población cubana, incluidos los de quienes critican al Gobierno, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad", ha reclamado.

   La ONG ha elaborado una "agenda de Derechos Humanos para Cuba" en la que expone los "acuciantes retos" en esta materia, a pesar de que no tiene permitida la entrada en el país desde hace casi 30 años. AI propone permitir la pluralidad de voces y la entrada de observadores, garantizar la independencia del Poder Judicial y adaptar la legislación penal a los estándares internacionales, acabar con la censura y discriminación y promover la igualdad.

   Amnistía Internacional ha aprovechado además para reiterar su llamamiento a Estados Unidos para que ponga fin al embargo comercial, económico y financiero impuesto a la isla caribeña en la década de los 60, porque "sigue menoscabando los derechos económicos y sociales de las personas más vulnerables".

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