BUENOS AIRES, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha entregado este viernes al juez Claudio Bonadío las declaraciones juradas de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y sus dos hijos en el marco de la investigación por supuestas irregularidades administrativas en Hotesur, una de las empresas de la jefa de Estado.
Según han informado fuentes judiciales al diario argentino 'La Nación', Bonadío solicitó el jueves a la AFIP las declaraciones de la familia Kirchner, incluido el difunto presidente Néstor Kirchner, y del empresario Lázaro Báez.
Al parecer, el juez trata de constatar la comisión de un delito de blanqueo de capitales, además de las irregularidades administrativas, basándose en que Hotesur acordó alquilar mil habitaciones al mes a Báez, estuvieran ocupadas o no.
Aunque agentes de la Policía Metropolitana se presentaron el jueves en la AFIP para recoger personalmente esta documentación, se fueron con las manos vacías, porque hasta hoy no se le ha facilitado a Bonadío.
REGISTRO EN HOTESUR
Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron el 20 de noviembre allanar las oficinas de Hotesur en Buenos Aires y pidieron información a la IGJ y a la AFIP sobre la empresa de la líder izquiedista.
Al parecer, Hotesur no funciona en su sede oficial, no ha presentado sus últimos balances, no ha informado sobre la renovación de sus autoridades y adeuda tasas a la IGJ, por lo que estaría incumpliendo los requisitos básicos que deben cumplir las empresas argentinas.
Hotesur ha aclarado en un comunicado que sus datos contables entre 2009 y 2013 "han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Asimismo, ha asegurado que "ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas por dichos periodos", descartando tener deudas con la AFIP.
Sin embargo, ha reconocido una "demora en la formalización de trámites administrativos" respecto a su cambio de domicilio legal, si bien ha reiterado que "resulta más que evidente que el mismo está en Santa Cruz, como es de conocimiento general".
OFENSIVA DEL GOBIERNO
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó la semana pasada a la Justicia de "golpismo activo" por el registro en Hotesur, denunciando un "ataque despiadado" contra el Ejecutivo mediante "una clara persecución política de hostigamiento judicial".
Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, ha solicitado al Consejo de la Magistratura que celebre un "juicio político" contra Bonadío por mal desempeño de sus funciones, al considerar que tiene "un accionar extorsivo".
En la misma línea, el senador Marcelo Fuentes, del gobernante Frente para la Victoria (FpV) ha denunciado a Bonadío por los delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.