Actualizado 26/05/2016 08:33

Brasil ordena a diplomáticos responder a las críticas contra el juicio político a Rousseff

 Dilma Rousseff,  y   Michel Temer
UESLEI MARCELINO/REUTERS

BRASILIA, 26 May. (Reuters/EP) -

   El nuevo ministro de Exteriores de Brasil, José Serra, ha ordenado a los diplomáticos que respondan a cualquier gobierno, medio u organización internacional que critique el juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff, según un documento interno visto por Reuters.

   El documento, de nueve páginas, cita una decena de ejemplos de censuras al proceso de juicio político, que llevó este mes a la suspensión de Rousseff de su cargo, por parte de gobiernos y otras entidades a las que los diplomáticos deben responder defendiendo el proceso político de Brasil.

   "La prensa, académicos y miembros de la sociedad civil, así como también líderes de organizaciones internacionales y representantes de gobiernos se han manifestado frecuentemente de manera impropia y poco informada sobre la política interna de Brasil", recoge el texto.

   El documento cita las recientes críticas del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba y El Salvador.

   Así, sugiere argumentos para defender el proceso de juicio político y los derechos establecidos por el Tribunal Supremo Federal, incluido el que millones de brasileños votaron por los diputados y senadores para que ejercieran sus funciones constitucionales.

   Los diplomáticos brasileños respondieron positivamente a la declaración inicial de Serra al asumir la cartera, cuando se refirió a su plan de cambiar el foco desde la diplomacia manejada ideológicamente por la administración de Rousseff y concentrarse en el comercio.

   En una rueda de prensa, Serra ha defendido el documento diciendo que los diplomáticos del país deben tener una postura unida frente a los intentos por restar legitimidad al derecho del Senado a juzgar a un presidente por mal manejo de las cuentas públicas.