BRASILIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La huelga 'de facto' que ha protagonizado la Policía Militar en el estado brasileño de Espirito Santo en demanda de mejoras laborales, que ha suscitado una ola de violencia que ha dejado más de 120 muertos, se ha extendido este viernes a Río de Janeiro.
Familiares de los policías militares han bloqueado los accesos a 27 batallones en distintas localidades cariocas, imitando así a sus colegas de Espirito Santo, para exigir el pago de los salarios prometidos por garantizar la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2016.
La Policía Militar ha aclarado que no se trata de una nueva huelga 'de facto', sino de protestas puntuales que ha llamado a solucionar "de forma que no impidan el ir y venir de los agentes ni pongan en riesgo las vidas de la población".
Los familiares de los policías militares de Espirito Santo se situaron a las puertas de los cuarteles el pasado 3 de febrero para impedir que los agentes salieran a trabajar, evitando así que estos se declararan en huelga, algo que tienen prohibido.
Los agentes de Espirito Santo reclaman una subida salarial tras cuatro años seguidos sin ningún aumento, así como el pago de los extras por peligrosidad, insalubridad y nocturnidad, entre otros, según informa la Agencia Brasil.
Su ausencia en las calles ha desatado una ola de violencia en una de las regiones más afectadas por la criminalidad en el gigante suramericano. De acuerdo con el último balance facilitado por el cuerpo de seguridad, más de 120 personas han perdido la vida.
El gobernador de Espirito Santo, Paulo Hartung, que en un principio calificó de "chantaje" las protestas policiales, ha accedido a negociar con los familiares de los agentes. Ya se han celebrado dos reuniones en las que no ha sido posible llegar a acuerdos.
Así las cosas, la Policía Militar ha acusado este viernes a 703 efectivos de un delito de "rebelión" por el que podrían ser condenados a entre ocho y 20 años de cárcel, además de a la expulsión de la institución castrense.
La Policía Militar ha revelado asimismo que investiga a los familiares de los policías militares que protagonizan los bloqueos en los cuarteles para determinar si se les puede imputar la responsabilidad civil de estos hechos.
"Van a pagar los costes de la movilización de las tropas federales a Espirito Santo --del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea--. El recado para los familiares es este: no van a salir exentos de este proceso", ha amenazado el secretario de Seguridad Pública, André Garcia.