MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha denunciado este viernes el "alarmante" número de líderes sociales que han sido asesinados o amenazados en el último año en Colombia y ha reclamado una "protección adecuada" para ellos que, según ha subrayado, es "crucial" para el éxito del proceso de paz en el país.
El portavoz de ACNUR William Spindler ha indicado que para la agencia de la ONU es "una preocupación creciente el aumento de asesinatos y amenazas contra defensores de los Derechos Humanos y líderes comunitarios en la costa del Pacífico", que en la mayoría de los casos --ha precisado-- son indígenas o afrodescendientes.
De acuerdo con ACNUR, en el último año se han producido 78 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales, aunque se cree que podrían sumar al menos otros trece casos que están actualmente bajo investigación. "De todas formas, es alarmante", ha enfatizado.
Spindler se ha referido al caso de José Jair Cortés, líder afrodescendiente de la comunidad de Alto Mira y Frontera, en el departamento de Tumaco, que fue asesinado el pasado 17 de octubre a pesar de que estaba bajo protección de las autoridades colombianas en ese momento por las reiteradas amenazas de muerte que había recibido.
En esta región colombiana "unas 1.500 personas se han visto desplazadas en 2017 y muchas más han estado viviendo bajo confinamiento, lo que 'de facto' significa que no pueden acceder a sus cultivos o a la pesca para cubrir sus necesidades básicas".
"Entre el 7 y el 12 de noviembre más de 46 familias han sido desplazadas forzosamente de los municipios de Barbacoas y Tumaco, en el departamento de Nariño, pero los líderes de estas zonas creen que el número real de víctimas podría ser mucho mayor porque la gente tiene miedo a denunciar los abusos", ha añadido el portavoz.
Spindler ha atribuido la escalada de violencia a la pugna que se ha desatado en los antiguos territorios de la extinta guerrilla de las FARC entre organizaciones criminales que quieren hacerse con sus negocios ilícitos, como el narcotráfico o la minería ilegal.
"Los retrasos y problemas en la implementación a nivel local de los principales puntos del acuerdo de paz, como la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, han incrementado la incertidumbre en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil", ha explicado.
Por ello, "una protección adecuada de las poblaciones más afectadas es crucial para los actuales esfuerzos de construcción de paz en Colombia". Así, ACNUR ha pedido medidas adicionales para garantizar la seguridad de estas comunidades, como mayor presencia policial y mejorar la red de telecomunicaciones para facilitar las denuncias.