Actualizado 24/03/2017 13:36

Colombia declara la caducidad del contrato con Odebrecht por un proyecto fluvial

Río Magdalena
WIKIPEDIA

   BOGOTÁ, 24 Mar. (Reuters/Notimérica) -

   Colombia declaró este jueves la caducidad de un contrato de 851 millones de dólares con el consorcio Navelena, liderado por la brasileña Odebrecht, con el que proyectaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena, según informó el Gobierno.

   La decisión se adoptó después de que la firma brasileña, que enfrenta acusaciones de corrupción en Colombia y otros países de América Latina, no lograra presentar un respaldo financiero para desarrollar el proyecto.

   Sin embargo, la medida fue objeto de un recurso de reposición por parte de Navelena y se estableció el próximo 3 de abril para que el contratista sustente la apelación.

"Nosotros tenemos que darles a ellos el tiempo para que presenten su recurso", dijo el director ejecutivo encargado de la gubernamental Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), Luis Fernando Andrade, quien reveló que a Navelena se le impuso una multa de más de 18 millones de dólares por incumplir la ejecución del contrato.

Odebrecht, que controla un 87 por ciento del consorcio Navelena, había decidido en diciembre mantener la mayoría de su participación después de que el Banco Sumitomo le ofreciera 250 millones de dólares para financiar el proyecto, una decisión que cambió a finales de enero en medio del escándalo de corrupción.

   El proyecto del Magdalena busca incrementar el transporte de carga en el río a cerca de 10 millones de toneladas para 2029, en un intento por reducir costes e impulsar las exportaciones de productores de materias primas y compañías agrícolas.

   Navelena, que también incluye al colombiano Valorcon, buscaba beneficiarse de su inversión en el proyecto a través de tarifas de peaje durante siete años después de completar la modernización de la hidrovía de 908 kilómetros.

   En Colombia, Odebrecht está acusada de haber pagado sobornos por más de 11 millones de dólares para que le adjudicaran contratos, proceso por el que están en la cárcel varios ex altos cargos del Gobierno, además de haber salpicado las campañas electorales del presidente del país, Juan Manuel Santos, en 2010 y 2014.