BOGOTÁ, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Misión de Naciones Unidas en Colombia ha reclamado que se acelere la concesión de amnistías a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que siguen presos, a pesar de que la ley en cuestión lleva aprobada seis meses, advirtiendo de que la pasividad de las autoridades en este punto podría socavar el proceso de paz.
"La Misión hace un llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de la FARC que todavía se encuentran privados de la libertad, a pesar de la Ley 1820 de 2016 aprobada el 31 de diciembre del año pasado y de los decretos expedidos por el Gobierno para agilizar este proceso", ha dicho la ONU en un comunicado.
Naciones Unidas ha alertado de que "la detención de los miembros de las FARC en las cárceles por más de seis meses después de la aprobación por el Congreso de la Ley de Amnistía y dos semanas después de la finalización de la dejación de las armas individuales, socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz".
"Ante el 'impasse' de la excarcelación de los presos de las FARC, es importante que los actores institucionales involucrados en el proceso de amnistía actúen con responsabilidad y celeridad para poner fin a una situación que debilita la construcción de la paz", ha reclamado.
El acuerdo de paz, firmado el pasado 24 de noviembre, impone la obligación de conceder "las más amplias amnistías" a los guerrilleros de las FARC encarcelados por delitos políticos o conexos, algo que los tribunales deben determinar caso por caso, lo que ha retrasado la puesta en libertad de los rebeldes.
Los responsables de los crímenes más graves, aquellos que --conforme al Derecho Internacional-- no pueden ser amnistiados, responderán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contempla sanciones alternativas y penas de cárcel reducidas para quienes aporten la verdad sobre los hechos juzgados.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 10 de julio la creación de una segunda misión para Colombia con el mandato de verificar la reincorporación a la vida civil de los más de 8.000 guerrilleros que tienen las FARC, una vez completado el proceso de desmovilización y desarme.