Odebrecht
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   BOGOTÁ, 22 Feb. (Reuters/Notimérica) -

   Colombia comenzó el proceso para terminar un contrato de 861.000.000 de dólares con el consorcio Navelena, liderado por la constructora brasileña Odebrecht, con el que proyectaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena y era visto como el más importante en el país, informó este miércoles el Gobierno colombiano.

   La decisión se adoptó después de que la firma brasileña, que se enfrenta a numerosas acusaciones de corrupción en Colombia y otros países de América Latina, falló en presentar un respaldo financiero para desarrollarlo y en ceder la concesión a otra empresa pese al interés de PowerChina a través de su filial Sinohydro.

   "Daremos inicio al proceso de caducidad para asumir directamente el dragado del río a través de obra pública", indicó Luis Fernando Andrade, director encargado de Cormagdalena, la agencia gubernamental encargada del afluente fluvial.

   "En caso de que efectivamente no se logre la cesión del contrato con la firma PowerChina Limited Colombia, Cormagdalena garantizará la normal navegación por el río Magdalena mediante la suscripción de contratos de obra pública", explicó Andrade.

   Odebrecht, que controla un 87 por ciento del consorcio Navelena, decidió el pasado mes de diciembre mantener la mayoría de su participación después de que el Banco Sumitomo le ofreció 250.000.000 de dólares para financiar el proyecto.

PROYECTO MAGDALENA

   El proyecto del Magdalena busca incrementar el transporte de carga en el río en unos diez millones de toneladas para 2029, en un intento por reducir costos e impulsar las exportaciones de productores de materias primas y compañías agrícolas.

   Navelena buscaba beneficiarse de su inversión en el proyecto a través de tarifas de peaje durante siete años después de completar la modernización de la hidrovía de 908 kilómetros.

   En Colombia, Odebrecht está acusada de haber pagado sobornos por más de 11.000.000 de dólares para que le adjudicaran el contrato para la construcción de una autopista, proceso por el que están en la cárcel un exviceministro de transporte, un exsenador y un contratista privado.

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