BOGOTÁ, 12 Ago. (Reuters/EP) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como varios ministros y altos cargos del Gobierno, han indicado este viernes que están dispuestos a declarar en el marco de la investigación sobre el caso de un importante pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para la adjudicación de contratos en el país.
"Este ha sido un Gobierno que se ha caracterizado por ser respetuoso con la administración de justicia y, como en todos los casos, está presto a dar las respuestas que la justicia requiera", ha afirmado el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
"Estamos en un Estado de derecho y este Gobierno es absolutamente respetuoso con él, por lo que atenderá como debe ser a los requerimientos de la justicia", ha añadido el mandatario.
El Gobierno ha decidido declarar después de que el Tribunal Supremo accediera, por solicitud de los abogados del senador Bernardo Miguel Elías --acusado de recibir sobornos--, a escuchar la versión de los altos cargos sobre la manera en que se adjudicaron los contratos.
Según la Fiscalía de Colombia, que investiga si Odebrecht se adjudicó contratos en Colombia para llevar a cabo el proyecto de la Ruta del Sol, los sobornos pagados por la constructora en el país ascienden a más de 27 millones de dólares (22,8 millones de euros).
Asimismo, la Fiscalía ha asegurado que existen claros indicios de que Odebrecht habría contribuido a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga --del Centro Democrático de Álvaro Uribe-- en 2014 y que, además, estaría vinculada a una encuesta elaborada para "lograr una aproximación" al Gobierno de Santos.
Por otra parte, la Procuraduría General de Colombia también está investigando a la exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Cecilia Álvarez-Correa por su presunta implicación en la adjudicación del tramo 2 de la denominada Ruta del Sol.
Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admitieron el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.