"LOS DIÁLOGOS ESTÁN DANDO SUS FRUTOS"
QUITO, 30 Jun. (Notimérica) -
El jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, informó este sábado de que se ha reunido con "muy importantes representantes de empresas" para tratar el contenido de la ley de redistribución de la riqueza (herencias) y sobre ganancias extraordinarias (plusvalía), según Andes.
Correa realizó estas declaraciones durante su informe semanal de labores, que se desarrolló en las instalaciones de lo que será el Hospital General del Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil.
Acerca de sus encuentros con grandes empresarios, el presidente ecuatoriano declaró que escuchó "sus sugerencias sobre los negocios puestos en marcha".
Asimismo, Correa también informó de que el Gobierno está dispuesto a "flexibilizar la ley en caso de volverse a presentar la tabla para los negocios en marcha, pero cortando todas las formas de evasión".
Igualmente, el mandatario destacó que "los diálogos están dando sus frutos", poniendo como ejemplo este cambio en las negociaciones.
Correa aprovechó la ocasión para enfatizar que su Gobierno continuará luchando contra la corrupción y, principalmente, la evasión de impuestos. Todo esto, según el presidente, lo hará teniendo en cuenta a "la parte productiva" del país, que no saldrá perjudicada.
SOBRE LA LEY DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.
Con la ley para la redistribución de la riqueza, Correa propone una nueva tasa para el impuesto a la herencia en base a una tabla que va hasta el 47,5 por cierto para los herederos directos, de acuerdo a un rango de valores que comienza en 70.800 dólares. Actualmente, se paga hasta el 35 por ciento desde una base de 68.800 dólares.
Junto con esta nueva norma, el Gobierno ecuatoriano pretende llevar a cabo otra reforma a través de la cual grabaría un impuesto del 75 por ciento a las ganancias extraordinarias en la venta de bienes inmuebles que superen los 8.496 dólares.
A raíz de estas propuestas, se han desatado numerosas protestas en Ecuador. Sin embargo, desde el Gobierno, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, asegura que la ley sólo afectaría a un dos por ciento de la población, por lo que el otro 98 por ciento no tendría que preocuparse.