Actualizado 20/06/2017 13:07

¿Cuántos expresidentes iberoamericanos están prófugos de la justicia?

Alejandro Toledo
REUTERS
    

   MADRID, 16 Feb. (Notimérica) -

   El expresidente peruano Alejandro Toledo era acusado en los últimos días por la Fiscalía de Perú de recibir sobornos por valor de 20 millones de dólares procedentes de la trama empresarial Odebrecht. En el momento en el que salía a la luz la noticia se desconocía el paradero de Toledo, quien presumiblemente se encontraba en Estados Unidos, país en el que reside desde que dejara la Presidencia y donde se encontraba hasta ahora ligado a la Universidad de Standford.

   El pasado día 10 de febrero, el Ministerio del Interior peruano confirmaba que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) había cursado una Notificación Roja con orden de captura internacional del expresidente. Su paradero sigue desconociéndose, evitando su abogado revelarlo. Se sospechaba que Toledo podría haber huido a Israel, aunque este hecho se ha desmentido. Sobre su fuga, el mismo Toledo afirmaba a través de Twitter que "nunca me he fugado de nada. Cuando salí de Perú no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman 'fugitivo', una distorsión maquiavélicamente política que rechazo".

   En las últimas horas, Perú ha presentado a las autoridades de Estados Unidos un "pedido complementario" para detener y extraditar al expresidente, después de que hace unos días la Fiscalía peruana remitiera información adicional que sustenta las acusaciones contra Toledo requeridas por los norteamericanos tras la primera petición de extradición que realizó el Gobierno peruano.

   El caso de Alejandro Toledo no es el único sucedido en la región Iberoamericana. A lo largo de la historia contemporánea de América Latina son varios los exmandatarios que no han podido ser enjuiciados por residir en otro país, cuyas instituciones no han accedido a su extradición. En Notimérica repasamos los casos más conocidos.

JAMIL MAHUAD

Jamil Mahuad

   Las medidas financieras adoptadas por el expresidente durante su año y medio de mandato acrecentaron la difícil situación económica por la que pasaba el país, y acabaron por desembocar en una crisis política y social. Además, el presidente del Servicio de Rentas Internas y cabeza del Banco del Progreso --uno de los más importantes de Ecuador y muy perjudicado en ese momento--, Fernando Aspiazu, afirmó haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de Mahuad. Por ello, el entonces mandatario fue derrocado y se inició un proceso judicial en su contra, el cual se mantiene hasta día de hoy.

   Tras el ofrecimiento formal de asilo político de Chile, Jamil Mahuad decidió viajar a Estados Unidos, donde desde su llegada ocupó un puesto como docente de la escuela de administración gubernamental de la Universidad de Harvard y pasó a formar parte del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Centro Carter.

   En el mes de mayo del año 2014, la INTERPOL emitió una circular roja contra el expresidente en la que era requerido por la Justicia ecuatoriana por la violación de normas constitucionales. Sin embargo, la Interpol acabó por negarse a llevar a cabo la detención de Mahuad por tratarse de un tema político. Días después, la justicia ecuatoriana sentenció a Mahuad a 12 años de reclusión sin atenuantes, razón por la cual el exmandatario continua residiendo en Estados Unidos, declarándose víctima de una persecución política.

ABDALÁ BUCARAM

ABDALÁ BUCARAM

   Precisamente, mientras Jamil Mahuad ocupaba el puesto de alcalde de Quito en el mes de febrero de 1997, el entonces presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, era destituido de su cargo bajo la alegación del Congreso Nacional de "incapacidad mental para gobernar", saliendo del país con destino a Panamá, donde se encuentra en la actualidad en calidad de asiliado.

Bucaram llegaba al poder en agosto del año 1996 con la intención de llevar a cabo una serie de ajustes económicos, políticos y sociales que mejoraran la situación del país. Sin embargo, su corto gobierno estuvo protagonizado por escándalos de corrupción y mala administración, como la creación de una nueva marca de leche en polvo, 'Abdalact', una acción que estaba enmarcada en un plan de alimentación popular que recibió duras críticas por su baja calidad y contaminación. Asimismo, y entre otros casos, el proyecto 'Mochila Escolar', cuyo fin era entregar material y desayuno diario a los niños más pobres del país, acabó por desencadenar un escándalo de corrupción y desviación de fondos.

   Así, el diputado Franklin Verduga presentó una moción en el Consejo Nacional que pedía la destitución de la Presidencia de la República de Bucaram bajo la alegación de incapacidad mental, moción que fue apoyada por una mayoría simple de diputados y por movimientos sociales. El Congreso Nacional arrebató el poder a Bucaram, quien salió del país hacia Panamá pidiendo asilo político oficial.

   Su actual situación deriva de la acusación de haber girado supuestamente 11.000 millones de sucres de los gastos reservados de la Presidencia a cuentas de agentes de seguridad del Gobierno durante los últimos días de su Presidencia, así como por irregularidades en el plan 'Mochila Escolar'. A pesar de haber solicitado a la Justicia de Ecuador la prescripción de sus casos, ésta la ha negado reiteradamente, de la misma forma que no se le han otorgado salvoconductos temporales para viajar a Ecuador. En la actualidad, su hijo, del mismo nombre, se presenta a las elecciones presidenciales de Ecuador con el partido Fuerza Ecuador.

MAURICIO FUNES

Mauricio Funes

   El expresidente salvadoreño Mauricio Funes, periodista y político, se convirtió en el primer mandatario de la nación en el año 2009 procedente del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Después de varios señalamientos por parte de la oposición, especialmente por la posible relación del gobierno de Funes con el de Hugo Chávez, el salvadoreño inició su mandato llevando a cabo una serie de políticas 'anticrisis' con el objetivo de remediar la situación de la sociedad más desfavorecida de El Salvador.

   Sin embargo, un año después de su asunción como presidente, el Gabinete de ministros se vio en la obligación de ajustar los planes quinquenales ante la incapacidad financiera del Gobierno, y en el año 2012, dada la difícil situación económica del país, se impuso un plan de austeridad para el órgano ejecutivo que establecía el ahorro de 31 millones de dólares. En febrero del 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador iniciaba un proceso judicial contra Funes ya que, de acuerdo con los datos ofrecidos en un informe de la Sala de Probidad de la CSJ, el exmandatario habría realizado una serie de transacciones económicas desde la Presidencia a su persona por valor de 600.000 dólares.

   Así, el día 1 de septiembre del año 2016, Funes solicitaba asilo al Gobierno de Nicaragua después de no haber podido justificar dichos hechos y evitando así enfrentase a un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito. De la misma manera, su esposa, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus tres hijos se acogían también a dicho asilo, que en la actualidad perdura y que ha llevado a que el expresidente no haya vuelto a pisar suelo salvadoreño.

ISABEL PERÓN

Isabelita Perón

   María Estela Martínez de Perón, concida popularmente como Isabelita Perón, se hizo con la Presidencia de Argentina en 1974, después de que su esposo, Juan Domingo Perón, muriera debido a un paro cardiaco. La conflictivdad política y la crisis económica que atravesaba el país no fueron de ayuda para Isabelita, cuyo period como presidenta culminó en un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

   Isabelita fue enjuiciada por malversación de fondos públicos y permaneció en arresto domiciliario más de cinco años; primero en la residencia El Messidor (en Neuquén) y posteriormente en la localidad de San Vicente, en el conurbano bonaerense. En 1981, tras su liberación, Isabel viajó a España y se instaló en un municipio cercano a la capital.

   Años más tarde, el 11 de enero de 2007, un juez federal de Mendoza solicitó a la Interpol la captura internacional de la expresidente argentina debido a su relación con la desaparición de un estudiante en febrero de 1976 bajo los decretos (vigentes previamente al golpe de Estado) por los que se habilitaba a las Fuerzas Armadas argentinas a "aniquilar el accionar de elementos subversivos". Además, a esta denuncia se le sumaron otras 600 acusaciones sobre personas desaparecidas anteriores al golpe de Estado.

   Al día siguiente de la petición judicial, Isabelita fue arrestada en su domicilio de España y trasladada a la Audiencia Nacional española, la que rechazó la petición de extradición por considrar prescriptos los crímenes que se le atribuían al no ser de lesa humanidad.