LIMA, 17 Feb. (Reuters/Notimérica) -
El defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, ha pedido a la fiscalía que investigue a la constructora peruana Graña y Montero y a otros socios de la brasileña Odebrecht, involucrada en un escándalo de corrupción.
Graña y Montero, la mayor empresa de construcción del país, ha negado haber conocido los sobornos por 29 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado para ganar obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, en los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
"Si yo soy tu socio, yo conozco, pues, el estado financiero, yo conozco los actos de relevancia que realiza el negocio, como puedo yo desconocer, o al menos, alguna sospecha debo tener" de los sobornos, ha indicado Gutiérrez a la prensa extranjera.
Las acciones de Graña y Montero han caído un 37 por ciento desde que Odebrecht firmó un acuerdo judicial en Estados Unidos donde reconoció los pagos de millonarios sobornos en Perú.
Graña ha asegurado que no está bajo investigación y ofreció su "total colaboración" a las autoridades.
"Hemos instruido a nuestros abogados para que estudien a profundidad el caso y determinen los siguientes pasos. Les hemos pedido que en todo lo que hagamos se respete nuestra disposición a colaborar con el Estado", ha indicado la compañía en un comunicado.
Graña fue socio minoritario de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica, en donde la firma brasileña admitió haber pagado 20 millones de dólares al expresidente peruano Alejandro Toledo.
El exmandatario, que niega las acusaciones, enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos luego que la justicia local dispuso que debe pasar 18 meses en prisión preventiva.
Graña y Montero también fue socio de Odebrecht en la construcción de la línea 1 del Metro de Lima. La brasileña dijo que pagó unos 7 millones de dólares para ganar la licitación de esta obra en el 2009, según la fiscalía.
Asimismo, Graña tenía un 20 por ciento de participación en un consorcio liderado por Odebrecht para construir un gasoducto de 5.000 millones de dólares que fue cancelado por el Gobierno.
La firma peruana todavía tiene un 26,5 por ciento del proyecto de irrigación Chavimochic III, controlado por Odebrecht, aunque el Gobierno dijo en enero que buscará que la brasileña venda su participación en la obra.