Un diputado oficialista solicita una evaluación para enjuiciar a la fiscal general de Venezuela

 

Un diputado oficialista solicita una evaluación para enjuiciar a la fiscal general de Venezuela

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz
MARCO BELLO
Publicado 17/06/2017 9:29:55CET

CARACAS, 17 Jun. (Reuters) -

Un diputado oficialista solicitó el viernes al máximo tribunal de Venezuela que evalúe si existen méritos para enjuiciar a la fiscal general, Luisa Ortega, quien ha intentado frenar la convocatoria a una Asamblea Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro.

La titular del Ministerio Público, quien marcó distancia con el Gobierno desde que empezaron las masivas manifestaciones en el país, se ha opuesto a recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral, afirmando que el plan de Maduro de instalar una constituyente es una amenaza a la democracia y al legado del fallecido Hugo Chávez.

"Esta señora dejó de ser la Fiscal General de la República y se constituyó en una activista política de la derecha (...) lo digo con sinceridad", dijo el diputado Pedro Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la sede del TSJ.

El parlamentario solicitó al TSJ la calificación de "falta grave", un procedimiento con el que busca la remoción de la fiscal. Carreño sostuvo que pidió además una medida cautelar para congelar los bienes de la funcionaria y la prohibición de salir del país.

Aunque la abogada de 59 años no se ha unido a la oposición, los adversarios de Maduro han celebrado sus acciones, lo que ha desatado una ola de ataques desde del Gobierno.

La fiscal general ha denunciado que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que responsabilizó al Gobierno si algo les sucede.

Maduro asegura que la Asamblea Constituyente, cuyos miembros se elegirán a fines de julio, permitirá traer calma al país para llevar a cabo los próximos procesos electorales, incluidas las presidenciales de fines del 2018.

Pero la oposición asegura que su convocatoria es inconstitucional y que sólo busca dilatar los próximos comicios.

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