El ALBA rechaza "la campaña sistemática de agresión y desprestigio" contra Ecuador por parte de Chevron

 

El ALBA rechaza "la campaña sistemática de agresión y desprestigio" contra Ecuador por parte de Chevron

Actualizado 01/03/2013 6:41:04 CET

QUITO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha rechazado este jueves "la campaña sistemática de agresión y desprestigio contra el Estado ecuatoriano" por parte de la petrolera estadounidense Chevron, a causa del litigio entre ambos por los daños causados en la selva del país andino.

Los ministros de Exteriores del ALBA han acusado a Chevron de "aprovechar su poder económico e influencia política para llevar a cabo una campaña sistemática de agresión y desprestigio contra Ecuador, con la clara intención de involucrarlo en una controversia entre privados, boicoteando las relaciones políticas y comerciales con varios países, especialmente, con Estados Unidos".

En su opinión, la actitud de Chevron "representa una inadmisible provocación, contraria al Derecho Internacional y a los más elementales principios éticos, en los que debe basarse la conducta de las empresas transnacionales en sus relaciones con los estados".

"Rechazamos las maniobras que realiza Chevron con el propósito de afectar la imagen internacional y perjudicar los intereses económicos y comerciales de Ecuador, mediante una campaña de desinformación, la cual declaramos inadmisible desde el punto de vista político, jurídico y moral", han dicho en un comunicado conjunto.

En consecuencia, han instado a la empresa norteamericana a "cambiar de actitud", advirtiendo de que, de lo contrario, considerarán "la adopción de las acciones necesarias frente a Chevron para defender los intereses del gobierno y pueblo ecuatorianos".

Además, han urgido a los gobiernos regionales a "solidarizarse con Ecuador ante la injusta y abusiva actuación de Chevron, denunciándola en los foros internacionales, así como a adoptar medidas eficaces para hacer efectiva dicha solidaridad".

"Aunamos esfuerzos a fin de lograr que la comunidad internacional establezca las normas y principios que regulen las actividades de las empresas transnacionales de manera que las mismas sean un factor de desarrollo de los pueblos y no de explotación e incesante depredación de sus recursos naturales y de destrucción ambiental", han apuntado.

TRIBUNAL ARBITRAL

Por otro lado, han rechazado "la interpretación retroactiva e inédita que ha hecho el Tribunal Arbitral del caso Chevron contra Ecuador al declararse competente para conocerlo, en base a un tratado de protección de inversiones que entró en vigor años después de que la empresa transnacional saliera del país".

A este respecto, añadido que "este Tribunal Arbitral ha dictado un laudo interino en el que señala que Ecuador ha incumplido con medidas provisionales porque no ha hecho nada para suspender su ejecución o reconocimiento dentro y fuera de sus fronteras, desconociendo que en este país rige el principio de división de poderes".

PRINCIPIOS DEL ALBA

En este contexto, los cancilleres del ALBA han subrayado "la imperiosa necesidad de regular y someter al control estatal a las empresas transnacionales mediante un código de conducta que determine el alcance y naturaleza de sus actividades económicas y financieras".

La organización regional ha indicado que las empresas transnacionales deben llevar a cabo su actividad "teniendo en cuenta el derecho de los pueblos al uso soberano de sus recursos naturales a fin de procurarse el progreso material y espiritual al que tienen derecho".

El ALBA ha recordado que estas obligaciones están recogidas en "las normas y principios dimanantes de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, incluida la Declaración de la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como en las leyes nacionales de los países en los que se encuentran trabajando".

En este sentido, han reafirmado "la plena vigencia de los principios de igualdad soberana, independencia y autodeterminación de los pueblos, incluyendo el derecho a organizarse bajo el sistema económico y social que libremente elijan sin la injerencia de potencias extranjeras ni de empresas transnacionales".

CASO CHEVRON

El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.

Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medioambiente y a la salud pública.

En el primer asalto judicial, un tribunal ecuatoriano condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares (13.732) que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000 millones (14.335 millones).

Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago de los 19.000 millones. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.

Además, en marzo de 2012 trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA), con sede en La Haya, que se declaró competente argumentando que Ecuador no respetó el tratado bilateral sobre protección de inversiones.

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