LOS ANGELES, 28 Ago. (Reuters/EP) -
Las autoridades de Estados Unidos han acordado no presionar a los indocumentados del sur de California para que firmen sus deportaciones, bajo un pacto legal que más adelante podría permitir que algunos deportados regresen desde México para buscar la residencia legal en el país, según han explicado este miércoles grupos de activistas.
El acuerdo alcanzado entre la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU) y funcionarios federales deriva de una demanda presentada el año pasado a nombre de otros grupos de defensa de los derechos de inmigrantes y cerca de 10 inmigrantes que aceptaron los llamados "retornos voluntarios" a México.
Todos los inmigrantes tenían sólidas bases para que se les permitiera permanecer en Estados Unidos después de que ingresaron ilegalmente al país debido a lazos familiares y la falta de antecedentes criminales, y ahora se les permitirá presentar sus demandas ante cortes de inmigración de Estados Unidos, han añadido los abogados de ACLU.
El acuerdo es de alcance limitado debido a que la mayoría de las reformas acordadas por los funcionarios de inmigración de Estados Unidos se aplican sólo en el sur de California, donde la ACLU documentó lo que dijo eran prácticas engañosas y coercitivas que se remontan al 2009.
Las reformas incluyen que se permita el acceso telefónico a los inmigrantes indocumentados y dos horas para contactar a un asesor legal antes de decidir si firmarán un formulario de retorno voluntario, con el que renuncian a su derecho a buscar una audiencia para apelar a su deportación.
Las autoridades federales también acordaron garantizar que los inmigrantes sean informados de que una vez que sean deportados tendrán prohibido el ingreso legal a Estados Unidos durante 10 años, indican los abogados de ACLU.
Asimismo, el acuerdo despeja el camino para que un juez federal de Los Angeles permita que algunos inmigrantes mexicanos ya deportados bajo el proceso en cuestión regresen en los próximos meses para audiencias de inmigración. Tal fallo depende de que el juez certifique primero que todos los inmigrantes deportados desde el 2009 constituyen un grupo legal bajo el acuerdo.
Esos criterios cubren situaciones como haber vivido en Estados Unidos durante 10 años y tener un hijo ciudadano estadounidense que sufra problemas o dificultades debido a la separación, así como tener una esposa a familiar que sea ciudadano estadounidense, apostilla Rivera.
"La gente que fue engañada o confundida para firmar estas formas ahora finalmente van a tener una audiencia en la corte ante un juez de inmigración, lo que se les negó cuando firmaron estas formas de manera injusta", ha sentenciado.