El exministro de Electricidad de Ecuador acepta su culpa por el delito de lavado de activos en el caso 'Odebrecht'

Odebrecht
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Publicado 02/03/2018 18:09:29CET

   QUITO, 2 Mar. (Notimérica) -

   El exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera, ha decidido aceptar su culpabilidad en el delito de lavado de activos dentro de la trama de la constructora brasileña Odebrecht por haber recibido alrededor de un millón de dólares de la constructora en 2008.

   "Le he recomendado y él me ha dicho a mí que quiere declararse autor confeso del delito que estuvo tipificado al momento de la vigencia de esos actos", ha confirmado el abogado de Mosquera Pablo Guerrero, según ha informado la agencia 'Sputnik'.

   Asimismo, la defensa del exministro ha explicado que la intención de Mosquera es lograr una condena conforme a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos que estaba vigente en aquel momento en el que se cometió la acción delictiva, que establece entre dos y cinco años de prisión por este tipo de falta, mientras que el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) la sanciona con hasta diez años de cárcel.

   Según el jurista, los delitos que le atribuyen al exfuncionario "fueron cometidos antes de la vigencia del COIP, en cuyo caso no le podrían imponer una pena que no existía al momento del delito".

   Además, Guerrero ha anunciado que su cliente pedirá públicamente disculpas en la audiencia final de juzgamiento que tendrá lugar este 2 de marzo.

   Según la fiscalía, Mosquera recibió entre abril y septiembre de 2008 un millón de dólares en varios pagos realizados a través de la offshore Klienfeld --usada por el departamento de sobornos de Odebrecht-- a la compañía Tokyo Traders, empresa que tenía cuentas en la Banca Privada de Andorra mientras se desempeñaba como ministro.

   De acuerdo con las pruebas, el exfuncionario recibió los sobornos a cambio de facilitar la construcción de una la hidroeléctrica Toachi Pilatón a Odebrecht.

   El exministro se encontró al frente de la cartera de Electricidad entre junio de 2007 y julio de 2009, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.