CIUDAD DE MÉXICO, 1 Mar. (Notimérica) -
El Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ocultó una deuda de 200.000 millones de pesos (más de 10.000 millones de dólares) por la construcción de ocho centros penitenciarios federales a finales de 2010 en diferentes puntos de México sin la autorización obligatoria del Congreso de la Unión.
El caso ha salido a la luz tras la revisión del erario público del año 2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encontró irregularidades en los gastos del Estado en 2010, cuando la Secretaría de Seguridad Pública Federal --dirigida por aquel entonces por Genaro García Luna-- firmó siete contratos con el objetivo de construir siete penales, sumándose un octavo en marzo del año siguiente.
Según la ASF, las autoridades mexicanas establecieron un plazo de 22 años para pagar mensualmente las obras, por lo que tuvieron la posibilidad de no reconocer públicamente la deuda. De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de deudas públicas requieren la supervisión y aprobación por parte del Congreso de la Unión, algo que no ocurrió en el momento de iniciar las construcciones.
Por ello, aunque hubo retrasos de hasta cuatro años en la construcción de las cárceles --incluso una de ellas aun no está en funcionamiento-- la deuda contraída sería liquidada en el año 2032.
Los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila fueron los elegidos para construir las cárceles en un plazo de dos años. Sin embargo, algunos de ellos comenzaron sus operaciones más tarde del periodo establecido, como el de Chiapas, Durango y Oaxaca.
Según la revisión de la ASF, tan solo los de Sonora y Guanajuato empezaron a funcionar en 2012, mientras que la prisión de Morelos se abrió en mayo de 2015. El último en inaugurarse fue el de Michoacán en marzo del pasado año. Por el contrario, aún queda la cárcel de Coahuila por ponerse en marcha.
Además de las irregularidades en cuanto a los plazos de finalización de las obras, cabe destacar que se detectaron otras anomalías en torno a las empresas constructoras, ya que tan solo dos de ellas aparecen registradas en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional.
"Se considera que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos antes referida", ha comentado la Auditoría, de acuerdo con 'Animal Político'.
SIN TRANSPARENCIA
Si bien es cierto que el modo de pago es legal, la inversión debió haberse inscrito en el Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública. Sin embargo, el Gobierno federal denominó las contrataciones como "gasto corriente" a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en lugar de hacerlo como un proyecto público para la construcción de servicios.
Cabe destacar que la Constitución mexicana indica en su artículo 74 que cualquier proyecto de inversión del dinero procedente de las cuentas públicas debe estar aprobada por el Congreso, ya que se trata de acuerdos y contratos que comprometen los recursos y la deuda del futuro.
Así lo justifica ASF, que indica que al ser un pago a largo plazo es "conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios".
Por su parte, el OADPRS ha negado que exista la posibilidad del endeudamiento público, sino que fueron las empresas contratadas las que se endeudaron tras la firma de contratos porque recurrieron a la obtención de diversos créditos para llevar a cabo la construcción de los ocho centros penitenciarios.
Por el momento, Calderón no se ha pronunciado acerca de lo ocurrido, aunque esta semana estuvo en el foco de la opinión pública al anunciar que donará su pensión vitalicia de 200.000 pesos mensuales (unos 10.000 dólares) a los niños con cáncer, según 'El Universal'.