MADRID, 21 Abr. (OTR/PRESS) -
La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II de Madrid, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de dólares al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".
El mecanismo malversador habría consistido, según el juez del caso, Eloy Velasco, en una "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".
Así se señala en el auto por el que el juez Velasco decretó este jueves el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de dólares para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.
Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
La operación, según destaca el magistrado en su auto, ascendió a 31 millones de dólares que, según consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, ascendía a 10,27 millones de dólares "descendiendo hasta (-) 5 millones de dólares en tan sólo dos años".