PANAMÁ, 7 Jul. (Notimérica) -
La fiscalía estadounidense habría presentado un nuevo recurso al caso que acusa al expresidente panameño Ricardo Martinelli, retrasando la decisión del juez, Edwin Torres, sobre la petición de fianza que los abogados del político han realizado para la resolución del caso.
Martinelli, que se enfrenta un proceso de extradición en Estados Unidos, está acusado de una supuesta violación del secreto y del derecho a la intimidad hacia adversarios políticos y empresarios del país, las cuales fueron admitidas por el pleno de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Panamá el 8 de junio de 2015, iniciándose poco después una investigación sobre el caso.
Tal y como se declara en el diario digital 'Panamá América', este jueves se ha conocido que el fiscal estadounidense designado, Benjamin Greenberg, va a salir de Estados Unidos, y por ello habría solicitado al juez del caso que no anunciara la decisión entre los días 12 y 20 de julio.
En caso de que sí se llevara a cabo la audiciencia, Greeberg ha pedido que se notifique por lo menos con tres días de antelación para que pueda sustituir por otros integrantes del departamento de Justicia de Estados Unidos.
DETENCIÓN DEL EXPRESIDENTE
El expresidente Martinelli era detenido el pasado mes de junio en su vivienda de Miami (Estados Unidos) un mes después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitiera una alerta roja para su detención por su supuesta implicación en una trama de espionaje.
La alerta tiene su base en las acusaciones que recaen sobre el panameño por una supuesta violación del secreto y del derecho a la intimidad hacia adversarios políticos y empresarios del país, las cuales fueron admitidas por el pleno de la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Panamá el 8 de junio de 2015, iniciándose poco después una investigación sobre el caso.
En dicha investigación se detuvo a los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, y se certificó que en la sede del CSN se ejecutaron escuchas telefónicas en móviles y correo electrónico, supuestamente siguiendo la petición del exgobernante. Asimismo, se llevó a la acusación de dos trabajadores del CSN, Ronny Rodríguez y William Pitti, quienes habrían ejecutado las ordenes de Martinelli y quienes en la actualidad se encuentran prófugos de la justicia.
Se estableció que Martinelli presuntamente habría mandado llevar a cabo una interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas de más de 150 adversarios políticos de su gobierno durante los años en los que estuvo al mando de la nación de Panamá (2004-2009), suponiendo además delitos por seguimiento, persecución y vigilancia ilegal, así como malversación.
El caso debía ser resuelto en una audiencia en la Corte de Panamá --única que puede juzgar e investigar a Martinelli debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen)-- el 11 de diciembre de 2015, convocatoria a la que el expresidente no se presentó. Casi un año antes Martinelli había salido de Panamá, el 28 de enero de 2015, dirigiéndose a Miami y pidiendo asilo político a los Estados Unidos, hecho que ha permitido su localización y detención posterior.
Debido a su ausencia frente a la Corte de Panamá, pocos días después de la fecha prevista para la audiencia, el 21 de diciembre de 2015, el pleno de la CSJ del país llevó a cabo una orden de detención preventiva contra Martinelli, quien había sido declarado en rebeldía al no presentarse al juicio por su imputación.
Asimismo, el Gobierno de Panamá solicitó a los Estados Unidos la extradición y detención del exgobernante, hecho que no recibió respuesta por parte del funcionariado político y diplomático estadounidense. Al mismo tiempo, el magistrado panameño Jerónimo Mejía requirió a la Interpol una alerta roja contra el exmandatario.
Las escuchas telefónicas por las que está acusado el funcionario supondrían la comisión de delitos contra la administración pública, lo que, de ser declarado culpable, podría suponer una condena de hasta 21 años de cárcel para el exmandatario. Por su parte, el expresidente niega los cargos y los atribuye a una venganza del actual mandatario, Juan Carlos Varela, antiguo aliado.