MADRID, 13 Jun. (OTR/PRESS/Notimérica) -
En medio de la tensión política, social y económica que vive Venezuela desde hace dos meses y medio, la fiscal General, Luisa Ortega, ha denunciado amenazas de las que responsabiliza directamente al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Además, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha acusado al Ejecutivo venezolano de haber cometido "crímenes de lesa humanidad" por su acción sistemática de "asesinar y torturar" a quien se oponga a sus ideas.
Almagro ha subrayado que "los más de 60 muertos" registrados en los últimos meses en choques en manifestaciones en Venezuela "son responsabilidad directa de sus gobernantes" y ha asegurado que desde el 1 de abril "ha muerto casi una persona al día a causa de la represión" gubernamental. Almagro ha manifestado también su "apoyo" al recurso de nulidad presentado por la fiscal general venezolana, Luis Ortega, contra la Asamblea Nacional Constituyente y ha censurado al poder judicial por trabajar "ilegítimamente como brazo ejecutor de la dictadura".
Ortega Díaz se ha significado desde que estalló esta nueva oleada de protestas en abril por cuestionar la durísima represión llevada a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana y por pronunciarse abiertamente en contra de la Asamblea Constituyente orquestada por el mandatario. Ha tratado de frenarla recurriendo al Tribunal Superior de Justicia, que el lunes fallaba en su contra
Más de 70 días de protestas en las calles contra el Gobierno de Maduro pasan factura. Los opositores, incansables en sus manifestaciones y sus denuncias, apaleados y reprimidos por las fuerzas de seguridad, se van radicalizando.
Mientras en Caracas, los fieles y los contrarios a Maduro se enfrentan ya abiertamente en las calles, en el distrito de Chacao se producían el lunes incidentes violentos. Grupos opositores saqueaban un banco e incendiaban una sede del Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, el secretario del Consejo de Defensa del país caribeño, el mayor general Alexis López Ramírez, renunciaba el lunes a su cargo por estar en contra de la Asamblea Constituyente" de Maduro. Y en Venezuela estar en contra del régimen puede costar caro.
Así al menos lo denuncia la fiscal General Luisa Ortega, quien ha sido acusada de traidora directamente desde el Ejecutivo venezolano.
Ortega ha explicado que su familia ha recibido amenazas y que es seguida por patrullas del servicio de inteligencia del Estado, por lo que ha responsabilizado directamente al Gobierno de Maduro si algo les sucede.
"Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", ha agregado la fiscal antes de reiterar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "ha sido un obstáculo para la paz del país".
La titular del Ministerio Público ha hecho estas declaraciones en un programa de una emisora de radio local, horas después de que la Sala Electoral del TSJ rechazara su recurso en contra de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro.
El Supremo ha considerado "inadmisible" el recurso formulado por la fiscal por "acumulación de pretensiones" de Ortega Díaz, ya que ésta también había solicitado a la Sala Constitucional que aclarara la sentencia en la que se validaba que el presidente pueda convocar la Constituyente sin consulta popular previa.
La jefa del Ministerio Público explicó que el decreto de Maduro por el que llama a reemplazar la Carta Magna "no cumple con los extremos legales porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente", no el Gobierno. "Una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente", sostuvo.
Además, advirtió de que, de persistir en esta convocatoria, los poderes Electoral y Judicial incurrirán "en una violación de los principios de los Derechos Humanos", señalando en concreto "los derechos al sufragio y a la participación política", así como del "principio de la soberanía constitucional progresiva".
INCENDIOS Y SAQUEOS EN CHACAO
En medio de la tensión constante que vive Venezuela, las protestas que se suceden a diario en el país se tornan violentas y desembocan, como la del lunes en Chacao, en el saqueo de entidades bancarias y edificios oficiales incendiados.
De hecho, la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, ubicada en la localidad de Chacao ha sido incendiada por un grupo de atacantes no identificados.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, ha condenado lo sucedido, anunciando su decisión de trasladar la sede de la DEM, argumentando que "esta zona de la Gran Caracas es un territorio sin ley".
En su comunicado, Moreno ha dicho que su decisión se toma "en aras de garantizar el normal funcionamiento de la DEM, como órgano administrativo del Poder Judicial del país".
Asimismo, ha recalcado que tiene como objetivo "preservar la integridad física de sus trabajadores y trabajadoras, quienes se han visto afectados de manera permanente por los continuos ataques a la institución".
"El día de hoy 12 de junio un grupo de terroristas nuevamente atacaron la sede de la DEM en complicidad con todas las altas autoridades del municipio y su policía, quienes no cumplen con la misión de resguardar los bienes y la seguridad de los habitantes que hacen vida en este municipio, lo cual se ha podido constatar a través de registros fotográficos y material audiovisual, siendo público, notorio y comunicacional", ha añadido.
Por último, ha hecho un llamamiento "a la paz, al diálogo y al respeto por lo establecido en la Constitución (...) para continuar fortaleciendo la democracia y a la institucionalidad en el país".
Además, poco después del incendio a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, un grupo de encapuchados saqueaba una entidad bancaria del casco histórico de Chacao.
La crisis en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.
Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, más de 60 personas han muerto, incluidos adolescentes, y miles han sido detenidas.
Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.