MADRID, 30 Jun. (OTR/PRESS/Notimérica) -
La Fiscalía General de Venezuela ha citado a declarar en calidad de imputado al general Antonio José Benavides Torres, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, por la presunta comisión de "graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos" durante las manifestaciones opositoras que se suceden desde hace 80 días.
En un comunicado, el organismo que dirige Luisa Ortega Díaz ha anunciado que el general Benavides Torres, que es actualmente el jefe del Gobierno del Distrito Capital, deberá comparecer en la sede de la Fiscalía General el próximo 6 de julio.
El general declarará a partir de las 10.00 horas antes el fiscal Oliver Uribe Pinto y deberá acudir acompañado de su abogado defensor, quien previamente "debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas".
En su escrito, la Fiscalía General ha señalado que hasta la fecha ha abierto "450 investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales". "De estos casos se han registrado 23 personas fallecidas y 853 lesionadas atribuidas a funcionarios policiales o militares", ha añadido.
El organismo que dirige Luisa Ortega Díaz, que se ha mostrado muy crítico con la actuación del Gobierno contra los manifestantes opositores, ha afirmado que "se ha evidenciado el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, empleo de armas de fuego no autorizadas, la indebida aplicación del equipo suministrado, tratos crueles y torturas a personas aprehendidas, así como allanamientos sin orden judicial y daños a la propiedad, entre otras situaciones".
"Es menester recordar que constituye un deber de las instituciones velar por el debido resguardo de los Derechos Humanos", ha concluido la Fiscalía General.
Ortega Díaz se había mantenido junto al 'chavismo', al que ha permanecido fiel durante años, hasta hace unos meses, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias contra el presidente del país, Nicolás Maduro, por la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado y la crisis económica y "humanitaria".
La fiscal general ha acusado a Maduro de vulnerar la legalidad por la brutal represión durante las protestas opositoras --que ha dejado un saldo de cerca de 80 muertos--, por los juicios militares a civiles y por escudarse en el Tribunal Supremo de Justicia para anular a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público.
Luisa Ortega también ha sido denunciada ante el TSJ que ha congelado sus cuentas y le ha prohibido salir del país. Aún así, y pese a las amenazas constantes a las que está sometida, según sus públicas denuncias, la fiscal General ha pedido al Parlamento que ratifique la designación de su vicefiscal, anulada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia esta misma semana.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se ha comprometido a que el organismo tramite "cuanto antes" la petición de la Fiscalía.
"Esta solicitud de la fiscal General ratifica su compromiso con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y reitera su apoyo a la convocatoria del artículo 333", ha afirmado, en referencia a un artículo que prevé que la Carta Magna "no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella".
Desde el Parlamento, Borges ha asegurado que seguirán desconociendo las sentencias 468 y 479, con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indicó que la Defensoría del Pueblo puede asumir competencias de la Fiscalía General y anulaba la designación de González Arias como vicefiscal.
"Tomaremos todos los caminos institucionales para defender lo establecido en la Constitución", ha asegurado.
DEFENSA DE LA ONU A LA FISCALÍA QUE DIRIGE ORTEGA DÍAZ
Además, también la ONU ha salido el viernes en defensa de Luisa Ortega y ha criticado las últimas de últimas decisiones adoptadas por el TSJ para apartarla del cargo y privar a Ministerio Público de sus competencias.
El portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, ha calificado de "profundamente preocupante" la decisión del TSJ de iniciar los procedimientos para cesar a Ortega Díaz y la decisión de "congelar sus bienes y prohibirle abandonar el país", así como "la violencia continuada" en Venezuela.
"Desde marzo, la fiscal general ha dado pasos importantes para defender los Derechos Humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y pidiendo la liberación inmediata de los ciudadanos que han sido detenidos de forma arbitraria", ha destacado Colville.
Por otra parte, el portavoz de la ONU ha instado a "todas las partes en el Estado venezolano a respetar la Constitución y el Estado de Derecho" y ha pedido al Gobierno de Nicolás Maduro que "garantice los derechos a la libertad de asamblea pacífica y libertad de opinión y expresión".
Igualmente, ha instado a todos los venezolanos a "usar solo medios pacíficos para hacerse escuchar" y ha urgido a "todas las partes a que renuncien a la violencia y el acoso de oponentes".
Según el portavoz, hay crecientes informaciones de que "las fuerzas de seguridad han hecho redadas en edificios residenciales, realizado registros sin órdenes judiciales y detenido a personas, presuntamente con la intención de disuadir a los ciudadanos de participar en las manifestaciones y en busca de partidarios de la oposición".
En este sentido, la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) ha denunciado el jueves más de 60 detenciones registradas en diferentes estados del país durante la última jornada en el marco de las protestas contra el Gobierno de Maduro.
El director del organismo, Gonzalo Himiob, ha señalado que hasta las 22.00 horas han sido detenidas un total de diez personas en el estado de Anzoátegui, otras 31 en Caracas, tres en Lara, catorce en Nueva Esparta y tres en Zulia.
La ONG ha venido denunciando la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y opositores desde que Maduro llegó a la Presidencia, si bien las detenciones se han incrementado desde que arrancaron la última ola de protestas a principios de mayo.