MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Brasil ha restado importancia a la resolución emitida este viernes por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que insta al país a respetar los derechos políticos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que se trata solamente de una "recomendación".
"Las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación, no poseen un efecto jurídicamente vinculante", ha dicho el Ministerio de Exteriores brasileño en un escueto comunicado.
Además, ha indicado que el Comité "está integrado no por países, sino por expertos que desempeñan su función conforme a su capacidad personal".
Asimismo, se ha mostrado molesto porque la misión brasileña en la sede de la ONU de Ginebra no ha sido avisada de que el Comité estaba analizando el caso de Lula y tampoco se le ha pedido información sobre el mismo.
Por último, ha defendido que "Brasil es un fiel cumplidor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos", que crea dicho Comité para velar por el cumplimiento de este importante tratado internacional, que forma parte de la llamada Carta de Derechos Humanos.
"Los principios en él recogidos de igualdad ante la ley, respeto al debido proceso y derecho a la defensa y a la contradicción son también principios constitucionales de Brasil implementados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial", ha señalado.
El Comité ha pedido este viernes al Gobierno de Michel Temer que permita a Lula competir en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 7 de octubre en el gigante suramericano, respetando así sus derechos políticos.
DESAFÍO ELECTORAL
El Partido de los Trabajadores (PT) ha inscrito esta semana a Lula como su candidato presidencial pero el Ministerio Público lo ha impugnado esgrimiendo que el líder izquierdista "no es elegible" por la condena por corrupción que pesa en su contra.
Ahora, el caso pasa a manos del Tribunal Superior Electoral (TSE). Conforme a la conocida como ley de ficha limpia, las candidaturas de personas condenadas son posibles mientras el fallo no sea firme. Cuando no quepan más recursos contra el mismo, la participación electoral será imposible.
Lula se ha enfrascado en una batalla legal para revertir la sentencia que le condena a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.
La sentencia ha sido ratificada --incluso con una pena mayor, pasando de nueve a doce años de cárcel-- en segunda instancia, pero el antiguo dirigente sindical ha presentado sucesivos 'habeas corpus' y amenaza con llegar hasta el Tribunal Constitucional.
Si Lula, que está encarcelado desde el pasado mes de abril, consiguiera el estatus de candidato presidencial, el proceso judicial seguiría su curso. Y, si finalmente la Justicia confirma la condena, los votos que haya recibido serán anulados.