LONDRES, 22 Jun. (Thomson Reuters Foundation/EP/Notimérica) -
El Gobierno de Juan Orlando Hernández ha asegurado que entra en "una nueva fase" caracterizada por la protección y defensa de los Derechos Humanos en Honduras, tras una serie de casos que han llamado la atención sobre la situación en la nación centroamericana, entre los que destaca el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres.
Hernández anunció el pasado mes de mayo que la Secretaría de Derechos Humanos, hasta entonces único organismo competente en la materia, se convertiría en un Ministerio para ampliar sus funciones. "Sabemos que hay mucho por hacer y asumimos nuestra responsabilidad", dijo.
"Nuestro trabajo en este tema está entrando en una nueva fase", ha destacado, por su parte, Jorge Ramón Hernández Alcerro, secretario general del Gobierno, interrogado por Thomson Reuters Foundation sobre el nuevo Ministerio de Derechos Humanos.
Hernández Alcerro ha destacado que a partir de ahora habrá un asiento en el Consejo de Ministros para el responsable en la materia y que se destinarán fondos específicos para garantizar la protección de los activistas y de la sociedad hondureña en general.
El caso hondureño cobró relevancia internacional el año pasado a raíz del asesinato de Cáceres, ganadora de Goldman Prize, el conocido como el Nobel del ecologismo, por frenar la construcción de una presa hidroeléctrica que habría desplazado a las comunidades nativas. Desde 2010, unos 120 activistas han muerto en el país, según Global Witness.
Las críticas se han reavivado esta semana por la inclusión de Honduras en la llamada Alianza para la Prosperidad, una iniciativa de Estados Unidos para reducir el flujo migratorio desde Centroamérica que consiste en financiar proyectos de desarrollo en origen, sobre todo infraestructuras, y en fortalecer la lucha contra las pandillas.
Representantes de la sociedad civil han advertido de que solo servirá para potenciar la inversión a costa de los derechos sobre la tierra de las comunidades autóctonas y para desatar una guerra contra el crimen organizado que dispare la violencia.
"Una de nuestras principales prioridades en la Alianza para la Prosperidad es, precisamente, fortalecer la protección de los Derechos Humanos y el marco institucional necesario para conseguirlo", ha sostenido Hernández Alcerro, rechazando las críticas.
Además, ha indicado que el Gobierno ha estado trabajando con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y con la Unión Europea, así como con ONG como Freedom House, para elaborar políticas de protección a los defensores de los Derechos Humanos.
"Esto incluye no solo a los defensores de las comunidades indígenas, sino también a los defensores de los colectivos LGTB, activistas políticas, periodistas y todos los hondureños que trabajen para promover y proteger los Derechos Humanos", ha apuntado.