La Comisión de Derechos Humanos trabaja en facilitar el conocimiento de la población para que pueda ejercer sus derechos
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La impunidad está presente en El Salvador 25 años después del fin del conflicto armado que dejó más de 80.000 muertos y 7.000 desaparecidos, donde el desconocimiento que buena parte de la población tiene en materia de Derechos Humanos les impide ejercerlos y defenderlos como deberían, afirma el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
"Hemos vivido muchos años con impunidad porque lo ha permitido el Estado, los órganos de justicia", explica Montenegro en una entrevista concedida a Europa Press, subrayando que pese a que en 2016 la Sala Constitucional derogó la Ley de Amnistía de 1992, "la impunidad está presente todavía".
"Creemos que se ha abierto un poco la puerta hacia la justicia, pero hace falta mucho más para abrirla, para que el sistema de justicia en nuestro país sea más operativo, más contundente, y no sea lento ni tímido", subraya el responsable de la CDHES.
Sin embargo, "que haya un sistema de justicia operativo haciendo valer la justicia nos permitirá empezar a eliminar la impunidad" entre otras cosas porque si ésta perdura "pone en riesgo la democracia" que en El Salvador, como en otros países de la región, "están resurgiendo o naciendo".
El sistema judicial debe contribuir no solo a hacer justicia sino a "decir la verdad de lo que pasó", defiende Montenegro, que recuerda que ya en su día la Comisión de la Verdad denunció al menos 32 casos de crímenes de lesa humanidad. Estos casos, gracias a la derogación de la Ley de Impunidad, "pueden ser retomados" por las víctimas o sus familiares y llevados ante la Fiscalía General para que "se puedan abrir de nuevo ante los tribunales de justicia".
En el caso de la CDHES, ha adelantado que denunciará el asesinato de seis de sus miembros, entre ellos su presidenta Marianela García Villa, y la desaparición de cinco de sus miembros, así como los ataques sufridos durante el conflicto armado, que se extendió entre 1980 y 1992. "Tenemos derecho a saber la verdad y también queremos una reparación", igual que desean todos los salvadoreños, sostiene Montenegro.
CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD
Por otra parte, ha denunciado el problema de la corrupción en el país, "que ha dañado muchísimo a la democracia", además de la inseguridad reinante con "entre diez a catorce asesinatos diarios" y la existencia de "grupos de exterminio y escuadrones de la muerte". Aunque los niveles de violencia en El Salvador no son equiparables con los de Honduras o Guatemala, admite el responsable de la CDHES, "muchos jóvenes por temor a la violencia social están emigrando hacia otros países".
Además, los defensores de los Derechos Humanos se han convertido en "presa fácil", sobre todo quienes luchan por los derechos de las mujeres, el medio ambiente, la protección de las víctimas... "No se escapan en ningún momento de la posibilidad de un atentado o de cualquier tipo de represión", subraya.
El director de la CDHES también ha puesto el acento sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, denunciando que la Policía también ha "cometido muchas violaciones de los Derechos Humanos, de uso excesivo de la fuerza" y que El Salvador no es país firmante del protocolo facultativo contra la tortura. Como resultado de estos abusos, "hay muchos detenidos injustamente" en las cárceles salvadoreñas, muchas de las cuales están superpobladas.
La defensa que de estas personas hace la CDHES y otras organizaciones les ha hecho recibir "muchas amenazas" en las redes sociales y "hemos sido señalados como defensores de delincuentes o terroristas" puesto que "hay mucha población en El Salvador que desea que estas personas sean eliminadas" e incluso algunos sectores políticos están proponiendo la restauración de la pena de muerte.
RIESGO DE ARMAR A LA POBLACIÓN
En este sentido, Montenegro se muestra especialmente preocupado por el hecho de que se esté planteando "armar a la población rural para que elimine a aquellos que son señalados como pandilleros y esto es un riesgo", ya que podrían convertirse en "escuadrones de la muerte" como las "patrullas cantonales" que se crearon en los años 60-70.
"Vemos un riesgo muy grande y creemos que tenemos que concienciar a la población de que toda persona detenida debe merecer que se le juzgue y condene con el esclarecimiento de los hechos por los que se les imputa. Si se determina que es culpable, debe pagar por ello, pero si es inocente debe ser liberada", insiste el defensor de los Derechos Humanos.
Uno de los motivos por los que se produce esta situación es el desconocimiento que buena parte de los salvadoreños tienen de los Derechos Humanos. Desde la CDHES, explica Montenegro, con apoyo de Manos Unidas, se llevan a cabo proyectos centrados en la "educación y la formación en Derechos Humanos" mediante la creación de centros comunitarios desde los que seguir la situación en la zona y en los "empoderar" a la población en esta materia.
"Esto nos permite que la población conozca en profundidad sus derechos, sus deberes, los procedimientos que deben llevar a cabo ante una violación de los Derechos Humanos, los mecanismos y las herramientas que les permiten denunciar y defender sus derechos", destaca, asegurando que están teniendo muy buenos resultados.
MIEDO A DENUNCIAR
Otro factor, además de la "falta de conocimiento" sobre sus derechos, que influye en que no se denuncien las violaciones de los Derechos Humanos "es el miedo", subraya Montenegro, puntualizando que esto es particularmente evidente en las zonas rurales.
Desde la CDHES prestan especial atención a la mujer y la juventud, con vistas a su empoderamiento y un mejor conocimiento de sus derechos. En el caso de las mujeres, Montenegro considera que uno de los motivos por lo que se producen tantos feminicidios en el país es "por el machismo, la falta de conocimiento y el miedo que existe" de ahí la importancia de que "los hombres también conozcan sus derechos y sus deberes frente a la sociedad".
Así las cosas, Montenegro sostiene que la educación es "vital" para lograr instaurar una "cultura de paz" en El Salvador, algo en lo que trabajan desde la CDHES con apoyo de Manos Unidas en los centros comunitarios y cuyo objetivo final es "seguir multiplicando" el conocimiento de los Derechos Humanos por la población.
También es útil, señala, el intercambiar experiencias con otros países que han vivido una historia similar a la de El Salvador, como Guatemala, Colombia o Perú. Tras agradecer el apoyo recibido por Manos Unidas, Montenegro asegura que desde la CDHES están comprometidos a seguir luchando y trabajando para que los salvadoreños sean "mejores personas" y para luchar "contra el hambre, la miseria y la violencia".