CIUDAD DE GUATEMALA, 14 Sep. (Reuters/Notimérica) -
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, señaló este jueves que podría vetar las polémicas reformas al código penal aprobadas en la víspera por el Congreso, que, según analistas, debilitan la lucha contra la corrupción.
El Congreso pasó el miércoles un decreto de "urgencia" que modifica los delitos de financiamiento electoral ilegal por los que fue acusado recientemente Morales y amplía la posibilidad de que condenados por corrupción paguen para evitar la cárcel.
"Si se determinan que son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra el interés de la nación utilizaré mi derecho a veto", dijo Morales en un breve video publicado en su página oficial de Facebook, en el que pidió calma a la población. "Por sobre todas las cosas guarden la paz", agregó.
El cambio establece que la responsabilidad por recursos electorales ilegales recaerá en los contables de los partidos en lugar de en sus secretarios generales y rebajó las penas para los delitos, días después de que Morales fue acusado de manejar fondos opacos durante la campaña de 2015 como jefe del partido FCN-Nación.
El decreto supuso un nuevo golpe del Congreso a la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), después de que esta semana los diputados votaron abrumadoramente a favor de mantener la inmunidad de Morales y evitar que fuera investigado por este caso.
El legislativo aprobó además otra reforma urgente al código penal que permite que aquellos condenados hasta 10 años de cárcel, desde los cinco años vigentes, pueden evitar ir a prisión si pagan un máximo de 13,7 dólares por día.
Varios entes estatales reaccionaron también contra la medida. La Procuraduría General de Derechos Humanos interpuso un amparo ante la corte constitucional del país, mientras que la Procuraduría General recomendó a Morales vetar la normativa por "contravenir claros principios constitucionales".
La medida también fue duramente criticada por la prensa, activistas anticorrupción y diplomáticos como el embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, quien calificó el decreto de urgencia como una "vergüenza".