CARACAS, 31 Mar. (Notimérica) -
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunciaba este miércoles por la noche su decisión de asumir las competencias de la cámara legislativa --controlada por la alianza opositora de la Mesa de Unidad Nacional (MUD)--- al considerar que esta continúa actuando en desacato.
Para justificar esta nueva medida, el tribunal venezolano ha apelado al artículo número 336.7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, --vigente en la actualidad--, afirmando que su decisión radica de la existencia de "omisión inconstitucional parlamentaria".
Esto significa que los miembros de dicho organismo consideran que los diputados de la Asamblea Nacional han cesado de "dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución", en referencia a la composición de las empresas mixtas propuestas por el presidente, Nicolás Maduro.
De esta manera, y a pesar de que el enfrentamiento entre Legislativo y Judicial podría tener una base constitucional, estos últimos sucesos han propiciado las acusaciones de que el TSJ trabaja a favor del oficialismo y sus medidas constituyen un 'auto-golpe' en el país. Entonces, ¿el fallo de la Corte entra dentro de la legalidad?
Para la expresidenta del TSJ Cristina Sosa, "no existe ningún artículo de la Constitución venezolana que permita al TSJ asumir las competencias de la Asamblea Nacional". No obstante, el Tribunal "asumió las competencias no solo legislativas, sino que también se ha apoderado de "las competencias de control político", de acuerdo con una entrevista publicada por 'CNN'.
En palabras de Sosa, este despojo de sus atribuciones supone "algo que verdaderamente fractura, rompe, destruye la Constitución y el estado de derecho en Venezuela".
Sin embargo, según el exministro de Fomento de Venezuela Moisés Naím, la inexistencia de un artículo que contemple la adjudicación de estos poderes en la Carta Magna "nunca le han importado al Gobierno, porque cuando ha querido hacer algo en los últimos 17 años lo ha hecho".
Es por eso que, aunque para los miembros del gabinete de Maduro y los partidarios de su Gobierno parece que la intención de este nuevo cambio no es otra que la de concentrar "a través de la Sala Constitucional todo el poder en una sola persona".
Esta consideración no lleva a otro camino que no sea al significado de un golpe de Estado, tal y como lo definió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien calificó de "basura" el texto emitido por el TSJ en el que se apropiaba de los poderes de la Asamblea.
La sentencia "le otorga todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes como le dé la gana, dar los contratos como le dé la gana, para endeudar y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana", dijo el titular de la Asamblea tras conocer el fallo del TSJ.
A partir de ahora, seis magistrados nombrados por el oficialismo sustituirán a los 167 diputados parlamentarios elegidos democráticamente por el pueblo venezolano.
No obstante, el fallo de la Corte suprema no es la única censura por la que ha pasado la Asamblea, ya que durante los últimos 15 meses --desde que se formó con una mayoría de MUD-- el Gobierno se ha negado en rotundo a ejecutar alguna de sus leyes y los diputados apenas podían cobrar su sueldo mensual, cuanto menos podía mantenerse económicamente.
Por eso, según Naín, el despojo de sus competencias supone sencillamente "que la máscara que se les ha venido cayendo desde hace ya un tiempo" ya que "el maquillaje de la democracia que habían tenido lo están perdiendo por completo".