BUENOS AIRES, 18 May. (Reuters/Notimérica) -
La Cámara de los Diputados de Argentina ha comenzado este miércoles una sesión maratónica en la que se decidirá, entre otras cuestiones, si el proyecto de Ley Antidespidos se convierte o no en una ley para así evitar que se produzcan más despidos en el país iberoamericano.
El presidente Mauricio Macri --que está aplicando un ajuste sobre la economía tras asumir el mando en diciembre-- ha dicho que está dispuesto a vetar la norma, que sería aprobada sin problemas en un Congreso dominado por la oposición. La medida ya cuenta con la aprobación del Senado.
"Si sancionamos hoy (miércoles) la ley, estoy a disposición del presidente para dialogar y explicarle los motivos por los cuales yo creo que esta ley no es perjudicial para nada", dijo a la agencia estatal Télam el diputado opositor Héctor Recalde.
En un intento de desalentar la iniciativa, que según el Gobierno limitaría la creación de empleos nuevos, Macri anunció que empresarios de diferentes sectores se comprometieron a mantener los puestos de trabajo por al menos 90 días.
Los diputados argentinos discutirán distintas versiones del proyecto elaboradas por diversas fuerzas políticas.
El proyecto más severo, impulsado por el opositor Frente para la Victoria -la rama del peronismo liderada por la ex presidenta Cristina Fernández-, prohíbe los despidos por 180 días en el sector público y el privado y, en caso de que el trabajador acepte la desvinculación, duplica el monto de la indemnización.
Otras propuestas, como la del peronista disidente Sergio Massa, pretenden eximir a las empresas pequeñas de esa obligación. La bancada oficialista pugna por el rechazo de ambas iniciativas.
Asimismo, previamente se discutirán otras dos iniciativas impulsados por el Poder Ejecutivo: la que habilita el acceso a la información pública y la que promueve la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para los productos de la cesta básica de alimentación.
El proyecto de acceso a la información pública cuenta con el consenso general de todos los bloques. Este proyecto obliga a los tres poderes estatales a brindar la información requerida por cualquier ciudadano en un plazo de 15 días.
Por último, el proyecto sobre el IVA apunta hacia la devolución a un sector de la población del 15 por ciento, como mínimo, sobre los bienes de la canasta. Los beneficiarios de esta ley serán aquellos que perciben jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas nacionales (como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo).