Publicado 24/02/2016 20:50

Macri se enfrenta a la primera huelga nacional desde su llegada a la presidencia

State workers march towards Plaza de Mayo square during a protest in Buenos Aire
MARCOS BRINDICCI / REUTERS


BUENOS AIRES, 24 Feb. (Reuters/Notimérica) -

Cientos de miles de empleados estatales han comenzado una huelga y una multitudinaria protesta este miércoles en el centro de Buenos Aires, reclamando un aumento salarial del 40 por ciento, así como pedir el fin a los despidos en el sector.

"Hubo 21.000 trabajadores despedidos, de los que solo 5.000 fueron reincorporados", explicó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Godoy. "Si no hay respuestas del Gobierno, seguiremos con las medidas de fuerza".

Distintos sindicatos junto a organizaciones sociales y políticas han cortado parcialmente el tráfico en Buenos Aires en el marco del paro nacional de actividades convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Durante la protesta, se ha pedido en reiteradas ocasiones el fin a los "despidos, la criminalización de la protesta social y el ajuste del Gobierno".

Cuando ganó ajustadamente en la segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales argentinas a finales del año pasado, Mauricio Macri sabía que asumiría el poder en una coyuntura económica difícil.

Pero lo que no se esperaba era una leve pero rápida caída en su popularidad así como una fuerte presión por parte de los sindicatos, que no quieren perder más poder adquisitivo por el avance de los precios. Esto ha llegado a que el presidente argentino revise algunas medidas económicas que ha planteado para equilibrar las cuentas públicas.

Despidos en el sector público, una abrupta alza de tarifas de servicios y desinteligencias como la designación de jueces por decreto, generaron el rechazo por una parte de la población de inmediato. Aunque elogiadas por los mercados financieros, las medidas del Gobierno oficialista han comenzado a desatar el malestar social.

La inflación, avivada por la devaluación del peso en diciembre, fue lo que hizo que algunos argentinos se enfriasen ante el entusiasmo que había generado Macri, que tiene que gobernar frente a una oposición peronista que después de dejar el poder aún domina gran parte del electorado y del Congreso.

"La ejecución de los temas prometidos en campaña me parece muy apresurada, poco analizada, como si solo quisieran mostrar que cumplen las promesas", dijo Marcelo García, un empleado de 40 años que votó a Macri porque cree en sus buenas intenciones, aunque dijo sentirse un poco decepcionado con su gestión.

Para combatir la inflación, que con un nivel cercano al 30 por ciento se ha convertido en la principal preocupación de los argentinos, Macri esperaba que los acuerdos anuales de aumentos salariales --en los que el Gobierno es mediador-- no superaran el 25 por ciento, la meta de inflación oficial del 2016.

Sin embargo, los sindicatos han enseñado los dientes, obligando a Macri a repensar las cosas. Tras algunas idas y vueltas, el Gobierno ofrecería a los gremios de docentes alzas en promedio del 32 por ciento, pese a que podrían golpear las finanzas provinciales y de la nación.

En medio de duras negociaciones, el inicio del ciclo escolar está en riesgo porque los docentes amenazan con medidas de fuerza, que se sumarían a las protestas de otros sindicatos.

"El Gobierno camina por un desfiladero. A un costado tiene un sector más ortodoxo desde el punto de vista económico que lo presiona, que buscaría más una política de shock. Por el otro está la reacción de los sectores sociales", afirmó el analista político Ricardo Rouvier.

IMAGEN EN BAJA

Muchos argentinos votaron a Macri por el hartazgo que tenían del modelo que representaba la presidenta Cristina Fernández, que tenía un fuerte acento social y mantuvo el nivel de empleo, pero era confrontativo y por lo general no respetaba formalidades a la hora de intervenir en la economía.

Con una economía que cruje por la falta de inversiones y el desajuste fiscal heredado de una gestión de centroizquierda que multiplicó el gasto, Macri recortó subsidios al consumo de energía e impulsó despidos en la administración pública.

Según una encuesta de Ricardo Rouvier & Asociados, la aceptación del actual Gobierno cayó al 60 por ciento en febrero desde el 71 por ciento que tenía al asumir en diciembre. Incluso el 12 por ciento de quienes votaron a Macri en noviembre pasado cambiaría su voto si los comicios fueran hoy.

"Las perspectivas son complicadas (...) El mes de marzo va a mostrar un humor social distinto" por la inflación, las huelgas y los aumentos en las tarifas, explicó a Reuters la analista Mariel Fornoni, cuya consultora, Management & Fit, también registró una leve caída en la popularidad de Macri.

En busca de combatir el descontento, el Gobierno anunció la semana pasada una baja en el impuesto sobre los salarios medios y altos y dijo que adelantará la publicación del índice oficial de inflación, cuya difusión está suspendida desde diciembre para revisar la controvertida metodología de la gestión previa.

Más allá de estas medidas exclusivamente domésticas, el equipo de Macri busca cerrar un acuerdo crucial con los acreedores de deuda en Estados Unidos, que impulsaría las inversiones en Argentina y daría oxígeno a la economía.

SUBE LA TEMPERATURA

Macri se impuso por muy pocos votos en la segunda vuelta electoral, lo que le da un reducido margen de maniobra que se vuelve clave para el Gobierno lograr respaldo de la sociedad, de los sindicatos y de al menos una parte de la oposición.

Eso ha puesto a Macri ante la disyuntiva de permitir ajustes salariales elevados, que podrían alimentar aún más la inflación, o presionar a los sindicatos para que acepten reducidas alzas de sueldos, lo que le ganaría enemigos en gremios capaces de paralizar el país y aumentaría el malhumor social.

"Cada paritaria es distinta, pero no va a haber un techo (de aumentos) del 25 por ciento", dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Trabajo que es testigo de las negociaciones y pidió el anonimato.

La gestión de Macri está buscando una salida intermedia: compensaciones para los trabajadores --como la baja en el impuesto al salario y mayores subsidios familiares-- que no implican necesariamente un aumento de sueldo, según la fuente. Sin embargo, estas mejoras no satisfacen a los trabajadores.