CIUDAD DE GUATEMALA, 31 Ene. (Notimérica) -
Se cumplen hoy 37 años de uno de los episodios más controvertidos en la historia de las relaciones diplomáticas entre Guatemala y España. El día 31 de enero del año 1980, morían un total de 37 personas dentro de la Embajada de España situada en Ciudad de Guatemala, después de que un grupo de manifestantes campesinos indígenenas, estudiantes y guerrilleros tomaran territorio español para protestar contra la explotación de las tierras de la Franja Trasversal del Norte. Además, el suceso provocó dos muertes más en los días posteriores, una de ellas de un superviviente de la matanza.
El día de los hechos, el embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal, se reunía en la sede diplomática española con el exvicepresidente guatemalteco, Eduardo Cáceres Lehnhoff; el excanciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Adolfo Molina Orantes; y el jurista guatemalteco Mario Aguirre Godoy. Aunque aún existen dudas sobre el motivo de la reunión, las explicacines oficiales dadas desde la Embajada señalaban que se trataba de un encuentro relacionado con una celebración que el Instituto de Cultura Hispánica iba a llevar a cabo proximamente. Sin embargo, otras fuentes afirmaron que el encuentro estuvo organizado por el embajador para obtener una mayor repercusión una vez el edificio fuera tomado por los manifestantes, relacionando así al funcionario español con los hechos.
Momentos después de que comenzara la reunión, un grupo de 30 manifestantes, campesinos e indígenas (en especial de origen quiché), secundados por el Comité de la Unidad Campesina (CUC) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), entraron en el edificio español para protestar y pedir apoyo de la embajada en favor de la erradicación y mejora de las situaciones de pobreza y pobreza extrema que los campesinos guatemaltecos vivían.
La toma estaba relacionada con la explotación natural de la Franja Trasversal del Norte, zona rica en petróleo y en materias primas, así como con el asentamiento de gran cantidad de población indígena guatemalteca, la cual se veía represariada por el Ejército del país. Semanas antes de lo sucedido en la embajada, Máximo Cajal había acudido al lugar para visitar y mostrar su apoyo a varios grupos de españoles cooperantes en el lugar, ofreciéndoles su ayuda en caso de necesidad.
Tras la toma del edificio, los manifestantes se atrincheraron junto con el embajador y los exfuncionarios visitantes en el despacho, donde permanecieron hasta que la Policía Nacional de Guatemala entró a la fuerza. Los funcionarios de seguridad desobedecieron las órdenes y peticiones de Máximo Cajal, quien declaró que pretendía negociar y dialogar con los manifestante hasta que la situación se tranquilizara. Las versiones exitentes sobre los hechos acontecidos a partir de la orden de entrada en el edificio del jefe policial al mando del operativo, Pedro García Arredondo, son diversas.
VERSIONES DE LOS HECHOS
Por un lado, se afirma que cuando la Policía guatemalteca accedió al despacho, tirando la puerta abajo, se comenzó a disparar contra los que se encontraban encerrados y, según afirmaron algunos testigos, proyectando fuego con lanzallamas. A esta versión, que presenta como principales culpables a los miembros de las fuerzas de seguridad, se le añaden las declaraciones de una de las trabajadoras de Cruz Roja desplazadas hasta el lugar bajo la petición de ayuda del embajador español, Odette Arzú. Según declaró, escuchó decir a uno de los agentes las palabras "No quiero ni uno vivo. No quiero un solo testigo".
Asimismo, y tal y como testigos del suceso declararon en posteriores investigaciones, la policía no permitió el acceso de los cuerpos de emergencia, ni tampoco de los sanitarios, para el auxilio de las víctimas. Del mismo modo, se vetó el ingreso de periodistas a las inmediaciones del edificio.
Por otra parte, el Gobierno de Guatemala de aquel momento, liderado por el militar Fernando Romeo Lucas García, postuló que el embajador español había organizado la toma de la embajada aprovechando la reunión con Cáceres, Molina y Aguirre, dada su posición y poder en el ámbito político guatemalteco e internacional. Tras permitir el acceso de los manifestantes, hecho que violaría el artículo número 41 de la Convención de Viena, y la posterior entrada de los agentes, se dijo que los campesinos --que iban cargados con artefactos explosivos--, al impacto con las balas o por temor a los cuerpos de seguridad, los hicieron estallar provocando el incendio que acabaría con la vida de manifestantes y rehenes.
Esta versión se acerca a la del hijo del excanciller Adolfo Molina Orantes, Adolfo Molina Sierra, testigo presencial de los hechos. Tras relatar que la policía había accedido al lugar obviando la petición de Cajal, aseguró que los guerrilleron acabaron con la vida de todos los rehenes de la toma ayudados por el embajador Máximo Cajal, uno de los dos únicos supervivientes de la matanza.
Junto a Cajal, el otro superviviente fue el campesino Gregorio Yujá-Shoná, quien la misma noche del suceso fue secuestrado del hospital en el que se encontraba ingresado por unos desconocidos. Su cuerpo, que mostraba claros signos de tortura, fue abandonado y encontrado frente a la Rectoría de la estatal Universidad de San Carlos, colgando de su cuello un cartel que ponía "Ajusticiados por traidores. Correrá mismo riesgo embajador español". Del mismo modo, Cajal se había visto obligado a huir del hospital y pedir refugio al embajador de Estados Unidos hasta su evacuación a España.
Retomadas las relaciones diplomáticas entre ambos países, en el año 1996, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, pidió disculpas públicas al Gobierno de España y a su pueblo por la actuación que la Policía del país había llevado a cabo, así como por la campaña de desprestigio proyectada contra el embajador español.
JUICIO
El día 1 de octubre del año 2014, más de 34 años después del suceso, se inició el juicio contra el exjefe de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, único acusado vivo de los hechos. La Fiscalía pidió para él la condena de 30 años de cárcel por cada una de las víctimas, además de 80 años por dos delitos de intento de homicidio.
La primera testigo del juicio fue la querellante Rigoberta Mechú, Premio Nobel de la Paz en 1992, quien había perdido a su padre, Vicente Menchú Pérez, y a su primo, ambos campesinos de origen quiché.
Finalmente, el 20 de enero de 2015 las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos, determinaron por unanimidad que Pedro García Arredondo fue encargado de ejecutar las órdenes de sus superiores provocando la muerte a 37 personas en la sede diplomática de España en la Ciudad de Guatemala.
De esta forma, se condenó a García Arredondo por el asesinato de 37 personas en la quema de la embajada, el intento de homicidio de otras dos (el embajador Cajal y Yujá Shoná) y delitos contra los deberes de humanidad, siendo en total condenado a 90 años de prisión.