VALLE DE BRAVO (México), 29 May. (Reuters/EP) -
La declaración patrimonial que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, realizó hace dos años para impulsar la transparencia en su Gobierno contiene varias irregularidades sobre la adquisición de sus inmuebles que podrían acarrear problemas legales.
La mayor controversia gira en torno a una finca de 1.000 metros cuadrados en la localidad de Valle Bravo adquirida en 1988. Peña Nieto declaró que fue una donación de su padre valorada en 11.200 viejos pesos (cinco dólares), pero documentos obtenidos por Reuters indican que la compró a un tercero por 11,2 millones de viejos pesos (5.000 dólares).
Además, la versión oficial de Peña Nieto sobre el origen de su patrimonio incluye otros dos inmuebles registrados en viejos pesos, lo que --según expertos legales consultados por Reuters-- podría ser un intento de desvirtuar su valor.
En la década de 1980 --cuando el jefe de Estado adquirió esos inmuebles-- México sufría una profunda crisis económica que provocó que a principios de los 90 el peso se reconfigurara eliminando tres ceros de la moneda nacional.
No es la primera vez que surgen irregularidades en la declaración patrimonial de Peña Nieto. En 2013 informó de la existencia de nueve propiedades, seis de las cuales definió como donaciones, pero no incluyó su valor. Poco después matizó que eran regalos de sus padres y añadió cifras.
Una fuente gubernamental ha adelantado a la agencia de noticias británica que Peña Nieto publicará esta misma semana una nueva actualización de su declaración patrimonial anual, aunque no ha avanzado detalles.
Peña Nieto cumple así con la obligación de todos los funcionarios mexicanos de explicar detalladamente cómo se hicieron con su patrimonio, aunque no tienen que detallar de dónde procedía el dinero con el que compraron.
PROBLEMAS LEGALES
Estas imprecisiones en su declaración patrimonial podrían provocar problemas legales al líder conservador, según una decena de abogados y profesores de Derecho en importantes bufetes y escuelas de leyes mexicanas consultados por Reuters.
Las discrepancias en torno a la finca de Valle de Bravo podrían considerarse una declaración falsa, lo que --conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos-- supone la suspensión e incluso la destitución e inhabilitación por hasta tres años.
"En la declaración patrimonial se declara como donación del padre, lo que en realidad es producto de una compraventa", ha dicho Víctor Blanco, un abogado y académico mexicano. "Está incurriendo en falsedad", ha afirmado.
También podría llevar a una auditoría para justificar la fuente del patrimonio de Peña Nieto bajo sospecha de enriquecimiento ilícito que, de confirmarse, se trataría como un delito bajo el artículo 224 del Código Penal mexicano.
Sin embargo, un abogado que ha hablado bajo condición de anonimato ha apuntado que, lo más probable es que Peña Nieto argumente que el dinero utilizado para comprar la finca fue una donación, con lo que dicha discrepancia no supondría ningún problema.
En cualquier caso, este descubrimiento añadirá presión sobre Peña Nieto, acosado por una serie de escándalos de conflictos de interés centrados en propiedades que él, su mujer, Angélica Rivera y su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron de manos de contratistas vinculados al Gobierno.