MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS/Notimérica) -
El Gobierno de México ha presentado este lunes una declaración jurada ante el tribunal del distrito oeste del estado estadounidense de Texas, ubicado en San Antonio, mostrando su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado que se suspenda una ley aprobada por el estado el pasado mes de abril que, según el Ejecutivo mexicano, busca "criminalizar aún más" al colectivo migrante.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicanas se refiere a la conocida como Ley SB4 que, de continuar en marcha, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Esta norma permite a la Policía pedir a cualquier persona su documentación sobre su estatus migratorio y amenaza a los funcionarios de seguridad de enviarlos a prisión si no colaboran en la identificación de migrantes indocumentados en el estado.
"Leyes como la SB4 criminalizan aún más el fenómeno migratorio; abren espacios a posibles actos de discriminación racial; reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales y fomentan un ambiente de persecución", ha señalado la Cancillería mexicana, que se ha comprometido a ampliar sus puntos de información en la red consular en Estados Unidos para abordar estas cuestiones.
En este contexto, ha señalado que el número de llamadas al Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) por parte de mexicanos residentes en Texas durante los meses de mayo y junio ha aumentado un 678 por ciento y que los casos de protección en materia de derecho civil en los once consulados de México en Texas se han incrementado un 45 por ciento de enero a mayo.
Estas y otras cifras han señalado que reflejan "la situación de incertidumbre" a la que hace frente la comunidad mexicana en Texas y "la angustia que ha generado la entrada en vigor" de la citada ley.
Por su parte, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Sada, ha confirmado en rueda de prensa que México ha aumentado los módulos de atención a los que pueden acudir los mexicanos en busca de ayuda.
Si bien México ha querido subrayar "el respeto" del Gobierno de Enrique Peña Nieto "hacia las leyes y procesos legales de Estados Unidos", ha reiterado su "preocupación" por los "posibles efectos negativos de la SB4 en la comunidad mexicana y de origen mexicano, que representa una tercera parte de la población total de Texas".
"El Gobierno de México dará seguimiento de manera permanente al proceso legal en contra de la SB4 y hará valer todas las acciones legales a su alcance, a fin de continuar protegiendo a los mexicanos que viven y visitan Texas", ha concluido.
APROBACIÓN DE LA LEY
El gobernador de Texas, Greg Abbott, se comprometió en febrero a aprobar una ley estatal que le permita "despedir de su cargo" a cualquier funcionario que desafiara una de las últimas órdenes del presidente, Donald Trump, promocionando las denominadas 'ciudades santuario'.
La promesa de Abbot se materializó en mayo, cuando el propio gobernador firmó la legislación después de que ésta contara con la aprobación de Senado y Congreso. "Como gobernador, mi principal prioridad es la seguridad pública, y esta legislación cumple este objetivo sacando de las calles a peligrosos criminales", señaló en una retransmisión por Facebook Live a la que no asistió la prensa.
Desde entonces, diferentes organismos, entre ellos la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) en Texas, han luchado para detener la entrada en vigor de la misma.
Este lunes, ha tenido lugar la primera audiencia en el tribunal de San Antonio para intentar frenar esta legislación. "La SB4 es una traición no sólo para nuestras comunidades migrantes, sino también a nuestro compromiso con la igualdad como país", ha señalado la ACLU en Texas.